Intentan sobornar a procuradores en EU

Cuando los ejecutivos que distribuyen 5-Hour Energy, la popular bebida energética, se enteraron de que los procuradores generales en más de 30 estados indagaban acusaciones de publicidad engañosa, actuaron con rapidez para ponerle fin a las investigaciones, estado por estado, pues representaba una amenaza financiera seria para la compañía.
Sin embargo, el éxito no fue obtenido en tribunales o en una mesa de negociaciones.
En lugar de eso, se dio en el opulento Loews Santa Monica Beach Hotel en California, con sus vistas panorámicas del océano, donde se habían reunido más de una decena de fiscales generales el año pasado para disfrutar de cocteles, cenas y eventos de recaudación de fondos organizados por la Asociación Demócrata de Procuradores Generales. Una abogada de 5-Hour Energy deambuló por el evento, en busca de Chris Koster, el procurador general de Missouri, cuya oficina era una de las que investigaba a la compañía.
“Mi cliente acaba de ser notificado de que Missouri investiga esto”, le dijo la abogada, Lori Kalani, a Koster.
La firma que emplea a Kalani, Dickstein Shapiro, ya había cortejado al procurador general en cenas y conferencias así como con miles de dólares en aportaciones para su campaña.
Koster le dijo a la abogada que no estaba enterado de la investigación, así que sacó su teléfono y llamó a su oficina. Para el fin de semana, le había ordenado a su personal que se retirara de la investigación, una victoria clara para 5-Hour Energy.
El rápido giro, confirmado por Koster y Kalani, fue parte de un patrón de cabildeo exitoso con el Procurador realizado por una firma legal a nombre de clientes como Pfizer y AT&T, y es evidencia de una dinámica en gran parte oculta que se da en las procuradurías Estatales de todo EU.
Los fiscales generales son ahora objeto de un acoso agresivo por parte de cabilderos y abogados que usan contribuciones a campañas políticas, peticiones personales en fastuosas conferencias patrocinadas por corporaciones y otros medios para presionarlos y hacer que hagan a un lado investigaciones, cambien políticas, negocien acuerdos favorables o presionen a reguladores federales, descubrió una investigación realizada por The New York Times.
Una robusta industria de cabilderos y abogados ha florecido al tiempo que procuradores generales se unen para emprender investigaciones multiestatales en áreas tan diversas como fraude de valores y delitos en internet.
Sin embargo, a diferencia de las reglas de cabildeo que cubren a otros funcionarios con puestos de elección popular, hay pocas restricciones constantes o requisitos de transparencia para los procuradores generales estatales, quienes sirven como “abogados del pueblo” al proteger a los consumidores y ciudadanos individuales.
Un resultado de eso es que el cabildeo y los acuerdos habituales se dan en gran parte en privado. Pero el alcance de su causa y efecto queda al descubierto en el análisis que hizo The Times de más de 6 mil correos electrónicos obtenidos gracias a leyes de registros abiertos en más de dos decenas de estados, entrevistas con decenas de participantes de casos y la asistencia a varias conferencias donde representantes corporativos podían abordar con facilidad a los procuradores.
A menudo, el representante corporativo es un antiguo colega. Cuatro meses después de dejar su puesto como subprocurador general en el estado de Washington, Brian T. Moran le escribió a su reemplazo a nombre de un cliente, T-Mobile, que estaba presionando a funcionarios federales para que evitaran que la competencia acaparara gran parte del espectro inalámbrico disponible.
“Tal como se prometió cuando nos reunimos con el PG la semana pasada, adjunto el borrador de una carta para que Bob tome en cuenta circularla a los otros estados”, escribió a fines del año pasado, en referencia al procurador general Bob Ferguson.
Al poco tiempo, Moran volvió a escribirle a su reemplazo, David Horn. “Dave: ¿hay algo que puedas contarme sobre esa carta?”, escribió.
“Trabajo en ello, señor”, fue la respuesta. “Manténgase en contacto”.
Para enero, la carta fue expedida por el procurador general, en gran parte tal como la redactaron los abogados de la industria.
El intercambio no fue inusual. Correos electrónicos obtenidos en más de 20 estados revelan un nivel de cabildeo de representantes de intereses privados que por lo general se había usado más con legisladores que con procuradores de justicia.