El gobierno de México formalizó la petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinde asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
El secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, adelantó que se acompañará con un esquema de trabajo al Estado mexicano y a los peticionarios de este caso.
En el marco del 153 periodo de audiencias públicas organizado por la CIDH, el gobierno de México compareció ayer para abordar los casos del homicidio de civiles por parte del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los normalistas de Iguala, en Guerrero. El acto se caracterizó por los ecos de protestas a las puertas de la comisión, y por un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
Álvarez Icaza expuso que “hechos de extraordinaria gravedad (como los de Tlatlaya e Iguala) conectan lo que ocurre hoy con lo que ocurría en el sexenio anterior”. Aseguró que en México hay una crisis de derechos humanos y llamó a redoblar esfuerzos para encontrar vivos a los estudiantes.
La exigencia de resultados en la investigación del caso Iguala fue el tono que marcó la participación de las organizaciones no gubernamentales: “ha pasado más de un mes y siguen sin aparecer los 43 estudiantes”.
Los funcionarios mexicanos que comparecieron aseguraron que no habrá impunidad. Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “no pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido (en Iguala) y no descansará hasta aclarar los hechos”.

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