Quieren frenar deudas estatales

Senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM revivieron la reforma constitucional para crear una instancia bicameral que ponga freno a los excesos de los gobernadores y alcaldes en materia de endeudamiento.
La nueva iniciativa plasma la necesidad de impulsar un mecanismo, ya rechazado en la Cámara de Diputados, para crear una comisión en el Congreso que vigile y controle la contratación de créditos.
Según los senadores, se pretende reiniciar el proceso legislativo del tema, cuyo debate inició en 2012 y permanece congelado por diferencias entre ambas Cámaras.
En el documento se asegura que es momento de generar un mejor ambiente para discutir el tema que ha causado confrontación entre senadores y diputados.
La iniciativa está firmada por los senadores del PRI que presiden las comisiones de Hacienda, José Yunes, y de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos.
Es respaldada por los panistas José María Martínez y Carlos Mendoza Davis; los perredistas Alejandro Encinas y Armando Ríos Piter, además del senador del Verde Luis Armando Melgar.
La modificación al artículo 73 constitucional facultaría al Congreso a expedir una ley reglamentaria que ponga tope al endeudamiento local.
“El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa bicameral correspondiente, y en un plazo mínimo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno federal para obtener garantías”, se establece.
“Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de ley”.
Una vez transcurrido ese plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los períodos de receso del Congreso, las estrategias se considerarán avaladas.
La reforma pretende facultar a las Cámaras para que establezcan las bases de endeudamiento de estados y municipios, así como los límites y modalidades con las que pueden “afectar” sus participaciones para pagar los empréstitos.
Se obligará a gobernadores y alcaldes a informar sobre la totalidad de sus préstamos y obligaciones de pago, a través de un registro público, de manera oportuna y transparente.
La iniciativa también retoma la creación de un “sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como sanciones contra los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.
En el documento se reconoce que las leyes secundarias deben discutirse primero en San Lázaro.