Catorce agrupaciones civiles protestaron ayer por la impunidad que prevalece en el fraude de las cajas de ahorro Crecicuentas y Hagamos Más en contra de 500 familias.
Con similitudes al escándalo de Ficrea y de otras sociedades financieras populares en el País, el caso yucateco implicó el despojo de unos 800 millones de pesos desde 2012.
Dichas empresas, cuya propiedad se atribuye a las familias Argáez-López, se declararon en bancarrota en 2012 y desde entonces se desconoce el paradero de los dueños.
Ayer los manifestantes se concentraron frente al Palacio de Gobierno, y entregaron un escrito dirigido al Gobernador Rolando Zapata Bello, en el que solicitan se reactiven las investigaciones, se encauce a los responsables y se rescaten bienes de los citados negocios para devolver dinero a las víctimas.
Antonio Plascencia Gómez, médico despedido de su trabajo en el Centro Dermatológico de Yucatán por implicar en el desfalco al Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, acusó que la denegación de justicia se ha vuelto sello la actual Administración estatal.
Según Plascencia, Caballero Durán habría obtenido de Crecicuentas préstamos sin aval por alrededor de 30 millones de pesos.
Dorcas Baas Dzul, defraudada del municipio de Oxkutzcab, reprochó la inacción de las autoridades luego del tiempo transcurrido.
“¿Por qué no hacen justicia?, por qué no dan con ellos? Es como dicen, hay complicidad, porque si no hubiera complicidad hacen justicia”, dijo.
Exigen ahorradores justicia en Yucatán
Con similitudes al escándalo de Ficrea y de otras sociedades financieras populares en el País, el caso yucateco implicó el despojo de unos 800 millone
