La Procuraduría General de la República (PGR) no puede cerrar el caso Ayotzinapa basado sólo en la versión de criminales y sin pruebas científicas de que los normalistas están muertos, reprocharon ayer familiares de los jóvenes.
Al fijar su postura sobre la versión de la PGR, que concluyó que los 43 estudiantes fueron calcinados, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, acusó que se violaron acuerdos.
“Repudiamos la forma en que el Procurador (Jesús Murillo) quiere cerrar el caso del 26 de septiembre, violando el acuerdo que se tuvo con el Presidente (Enrique Peña), de que primero se nos avisara”, sostuvo.
“Vamos a mantener la lucha hasta las últimas consecuencias”, indicó.
Para el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, existe un interés político por cerrar el caso.
“Hay una intencionalidad de cerrar a toda prisa una investigación que todavía no es concluyente, que tiene muchos puntos que deben esclarecerse para que alcance el rango de verdad histórica”, señaló.
“Primero, queremos decir que el expediente no se puede cerrar porque no hay certeza científica de que los compañeros hayan sido asesinados en Cocula”.
En segundo lugar, mencionó, la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, no puede ser tomada totalmente en cuenta, dado que no estuvo en todo momento en el sitio de los hechos la noche del 26 de septiembre en Iguala.
También acusó que la teoría de la PGR depende en exceso de las declaraciones rendidas por los cuatro detenidos.
“Sobre todo cuando hay evidencia, dentro de las declaraciones, que las mismas se obtuvieron bajo coacción”.
Otro punto, abundó, es la falta de detenciones claves, como la del responsable de la Policía de Iguala, Felipe Flores, o la de Gildardo Astudillo, “El Cabo Gil”, entre otras 11 personas más.
Además, dijo, la investigación debe continuar porque hasta la fecha el Gobierno no ha podio lograr que exista un solo juicio penal por desaparición forzada.
Rosales demandó también que, antes de cerrar la indagatoria, se indague la labor del Ejército y el ex Gobernador Ángel Aguirre en los hechos de Iguala.
El abogado informó que el 2 y 3 de febrero acudirán ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en el marco de la evaluación a la que será sometido México.
“Vamos a acudir para denunciar y para colocar el caso y una acusación formal contra el Gobierno mexicano”.
Recordó que en los próximos días llegarán al País los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que consideró aún más grave que se intente dar carpetazo al caso.
Mantendrá CNDHindagatoria
Ante las conclusiones de la PGR sobre el calcinamiento de los 43 normalistas desaparecidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que continuará con el análisis exhaustivo del caso.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González, ordenó mantener abierto el expediente de queja, a fin de que se analicen todas las actuaciones de la PGR y se determinen las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades.
“Esta Comisión Nacional entiende el dolor de las familias, su desesperación por conocer el paradero de los jóvenes y su demanda de justicia, por lo que mantendrá abierto el expediente de queja respectivo, agotará todas las ‘focalizaciones de investigación’ y continuará con su acompañamiento a los familiares de las víctimas”, aseguró el organismo en un comunicado.
La CNDH se comprometió a “no dejar un solo cabo suelto”, por lo cual se solicitó información a las autoridades correspondientes para determinar las violaciones cometidas antes, durante y después de los hechos.
Asimismo, el organismo negó hacer conclusiones previas al término de su investigación. Cabe recordar que, en diciembre, la CNDH creó una oficina para el caso Ayotzinapa, cuyo titular es José Larrieta.
Agobia Guerrero al Instituto Electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) evalúa contratar a los capacitadores electorales encargados de buscar de funcionarios de casilla para el Distrito 7, con cabecera en Chilpancingo.
El consejero Arturo Sánchez adelantó que es posible que los 188 capacitadores sean contratados en un proceso extraordinario.
Lo normal hubiese sido que se realizaran exámenes y entrevistas a los interesados, pero esto no ha podido ocurrir en el Distrito de Chilpancingo, pese a que debían haber realizado dichas pruebas el 5 de enero pasado.
Entre las opciones que baraja el organismo electoral está el mover la fecha del inicio de la capacitación o realizar una contratación sin pasar por los filtros habituales.
“Alguna cuestión así tendremos que inventar si no podemos proceder, esperemos que no sea necesario, pero tenemos que tomar ya esta semana una decisión al respecto, para poder pasarlo en consejo general la semana que viene”, apuntó Sánchez.
Sobre la conclusión legal que presenteó ayer la PGR sobre el caso Ayotzinapa, consideró que se trató de un paso importante, pero aún falta que el Gobierno haga el trabajo político para generar condiciones adecuadas para la elección.
“Pero si esa es la realidad, falta todavía el trabajo político de platicar y convencer a los afectados, a los padres, a los grupos inconformes, para poder generar condiciones adecuadas para la elección”, apuntó el presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE.
Ofrece Osorio diálogoa familiares
El Secretario de Gobernación volvió a hacer un llamado al diálogo a los padres y compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa.
Miguel Ángel Osorio dijo que el Gobierno está abierto a hacer aclaraciones sobre el caso Iguala, luego de que la PGR concluyera que los normalistas fueron asesinados y calcinados.
“Espero que no haya más que oportunidad de diálogo. Oportunidad de que si los papás, ¡los papás!, los jóvenes mismos de la escuela, desean aclaraciones, seguimos abiertos para que pueda llegarse a profundidad en los temas que a ellos les interesa respecto a lo sucedido”, dijo.
Tras defender la investigación de la PGR, Osorio planteó que sea el diálogo, y no el encono, la vía para solucionar el conflicto.