El Ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para controlar manifestaciones y reuniones públicas.
El Gobierno de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y publicada en la Gaceta Oficial el miércoles, cuya entra en vigor se prevé inmediata.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la instrucción.
Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que vigila a las Fuerzas Armadas calificó en Twitter la decisión como inconstitucional.
“Lo que muestra el Gobierno es miedo a que ocurra algo en la calle”, dice el diputado de la oposición, Stalin González, integrante de la comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento.
Organizaciones de derechos humanos señalan que la resolución contradice lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano por el caracazo de 1989, cuando el Ejército salió las calles para restaurar el orden.
Puntospolémicos
La resolución choca con dos artículos de la Constitución venezolana.
Artículo 68: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de seguridad. Solo la Guardia Nacional tiene competencia para mantener el orden público, y esto en caso de que la Policía no esté en condiciones de hacerlo.