El Servicio de Administración Tributaria y la PGR van contra una de las más grandes redes de contrabando de textiles que ha operado en México y que involucra a más de 153 proveedores, 31 importadores y 113 empresas virtuales.
Una parte central de esta investigación, anunciada el pasado 23 de octubre por el SAT, se centra en una estructura delictiva que vigente durante las últimas dos décadas, principalmente entre México y Estados Unidos.
En este entramado, por el cual también se indagan a 22 agentes aduanales –a quienes se les canceló su firma digital a finales de enero–, está un grupo que desde el 2004 fue acusado de evadir contribuciones fiscales por 4 mil 56 millones 627 mil 46 pesos, hasta hoy el mayor asunto de contrabando de textiles en México.
Uno de los sobrevivientes de esa antigua red de intereses empresariales y delictivos es, según información documental de México y Estados Unidos, Alejandro de Jesús Escalera Cárdenas.
Escalera fue detenido y arraigado en 2004 en el DF, pero después de 90 días la PGR lo dejó en libertad porque concluyó que no había elementos para consignarlo, una suerte distinta a la de 19 de sus presuntos cómplices contra quienes sí procedieron las órdenes aprehensión.
Antes como ahora, las autoridades han señalado a Escalera de tener un negocio dedicado a comprar por encargo textiles en China, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong; facturarlos como producto estadounidense y triangular la mercancía a México al amparo del Tratado del Libre Comercio.
El 10 de febrero de 2010 Escalera volvió a ser detenido por el Departamento de Inmigración y Aduanas, en Laredo, Texas, lo que detonó la investigación que está en curso en el SAT y la PGR, ahora por el impago de aranceles por más de 500 millones de pesos.
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos denunció el 26 de julio de 2012 ante la PGR una lista de empresarios textileros que presumiblemente eran clientes del contrabandista.
Entre ellos, la denuncia menciona a Rony Akiki, Juan Carlos López Rodríguez, Moisés Zaga, Sofía Galante (o Galán) Zaga, Sandra Cassab y Jackie Cassab, Juan Antonio Name Name, Ricardo Saraf Assad, Moisés Cohen y Salomón Dabah Elfon.
Según el SAT algunos de los empresarios involucrados también operaban el denominado “fraude carrusel” o simulación de contratos, para evadir el ISR.

Persiguen lavado de dinero

Hasta 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) empezó a actuar contra los presuntos implicados en la red de contrabando, aunque lo ha hecho por separado y a cuenta gotas.
El 15 de noviembre de 2013 la PGR obtuvo una orden de aprehensión por el delito de contrabando en contra de Lizbeth Pérez González, administradora única de Comercializadora y Maquiladora Avan S.A. de C.V.
El 30 de mayo de 2014 la PGR pidió la aprehensión de Sofía Galante Zaga, otra de las relacionadas con Alejandro de Jesús Escalera Cárdenas, por presuntamente lavar 51 millones 319 mil 352 pesos, en un intercambio de divisas de 3 millones 703 mil 950 dólares de origen presumiblemente ilícito.
En la acusación, donde también se pidió capturar a José Hop Kalach y Fernando Velázquez Hernández, se señala que las operaciones supuestamente se realizaron en 2009 por medio de la empresa Textiles Shell en Cibanco y Multivalores Casa de Bolsa.

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