El Senado analizará esta semana una nueva ley para combatir la ordeña ilegal de hidrocarburos, que será clasificada como delito grave y sancionada con más de 52 años de cárcel.
La Comisión de Justicia de la Cámara alta sesionará este lunes para discutir las nuevas disposiciones para establecer penas severas en casos de sabotaje y terrorismo.
La nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en contra del Patrimonio Nacional en Materia de Hidrocarburos fue propuesta por el PRI, desde noviembre pasado, y elaborada en consulta con la PGR y la Segob.
Ayer, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, confirmó la decisión de avanzar en la reforma ante el incremento de esta actividad ilegal, el daño patrimonial que ha generado al Estado y el riesgo para la población.
“La sustracción ilegal de gasolina y diesel asciende a 19 mil millones de pesos anuales, lo que representa casi la mitad del programa Prospera, o bien, al 40 por ciento del apoyo que se otorga a los adultos mayores de 65 años”, indicó.
“En los 68 mil kilómetros de ductos que tiene Pemex, las tomas clandestinas se han incrementado de forma alarmante, ya que de 155 que se tenían reportadas en el 2000, para el primer semestre de 2014 ya eran mil 963, lo que significa un alto costo, no sólo en lo económico, sino también en lo social y laboral”.
El proyecto busca que el robo de combustible sea sancionado como delito grave, ya que quedará vinculada con el marco legal que castiga la delincuencia organizada.
Además de pretende sancionar hasta con 35 años de cárcel el robo de hidrocarburos. Sin embargo, la pena podría incrementarse hasta los 52.5 años de prisión, en caso de que el responsable del robo sea un funcionario público.
“La regulación para sancionar los delitos relacionados con hidrocarburos es limitada e insuficiente puesto que el Código Penal federal no tipifica la totalidad de los delitos que puedan cometerse en este sector”, señala el proyecto, donde se reconoce que la sanción máxima es de hasta 12 años de cárcel.
“Se considera que las sanciones impuestas por la comisión de los delitos es baja, tomando en consideración las consecuencias nocivas y repercusiones que se generan tanto para la economía nacional, como ponen en riesgo la vida o seguridad de las personas y el daño al medio ambiente”.
De acuerdo con la iniciativa, en muy pocos casos se logran las detenciones o la permanencia del responsable en prisión, ya que el robo de combustible no se encuentra tipificado como delito grave.
LAS PENAS
Actualmente, el delito de robo de combustible es sancionado con 12 de años de prisión.
El objetivo es reclasificarlo como delito grave
Se castigará hasta con 35 años de cárcel
Se incrementará la pena hasta 52.5 años si el responsable es funcionario
El castigo mínimo será de cinco a 10 años de prisión cuando el robo no supere los 300 litros
La pena llegaría a los 35 años cuando la cantidad sea mayor a 30 mil litros
El sabotaje será castigado con 40 años de prisión
Ante actos de terrorismo se castigará con entre 40 y 60 años de cárcel