Entre 1985 y 1989 Margarita Cruz durmió en el suelo de un barracón con su madre, su padre, tres hermanos y cuatro familias más.
En una frase resume su vida. “Sufres discriminación por ser mujer, por ser indígena y también por ser inmigrante”.
Margarita tiene hoy 37 años y es presidenta de Mujeres en Defensa de la Mujer, colectivo creado en el valle de San Quintín, Baja California, situada a cinco horas en autobús de Tijuana y a 3.400 kilómetros de su tierra natal, Oaxaca. “Trabajé en el campo desde los ocho años.
Las condiciones eran muy duras, las máquinas fumigaban sobre nosotros. Vi abusos de los encargados a otros niños, que a cambio de un trozo de pan con mermelada pedían favores sexuales.
También viví la violencia de mi padre hacia mi madre. Violencia física, sicológica. Ahora sé que era eso, en aquel entonces no”.
En vísperas de la cumbre Beijing + 20, que se celebra en Nueva York del 9 al 20 de marzo para revisar los avances del plan de acción elaborado en China en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, 15 líderes indígenas se han reunido en la Ciudad de México para hacerse oír.
A menudo estas mujeres son ignoradas en las agendas de las políticas locales e internacionales.
Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, el 6.8% de los hombres y el 6.6% de las mujeres mayores de 5 años habla alguna lengua indígena, lo que equivale a más de 6.6 millones de personas en el país.
Margarita desafió las estadísticas. Y a su padre. “Repetía que la escuela no era para mujeres y menos para mujeres pobres.
‘Se van a reír de ti’, me decía. Decidí estudiar con 19 años, después de haber aprendido a leer y a escribir en un programa nocturno. El primer día que fui al colegio quise regresar a casa, pero sabía que ese retroceso era un paso atrás no solo para mí, sino también para mi hermana pequeña y para mi madre, que había luchado por convencer a mi padre. Era decirle a él que tenía razón. Así que terminé el bachillerato”, dice con orgullo.
“Todas vivimos violencia en sus distintas manifestaciones. En salud, impartición de justicia, cuando tratamos de expresarnos con nuestra lengua y no nos entienden en las instituciones…” explica la oaxaqueña Carolina Vázquez, de Tlahuitoltepec.
Esta mujer, de 32 años, tuvo la oportunidad de estudiar Antropología Social en el DF, un lujo en su municipio.
Hermelinda Tiburcio Cayetano, fundadora de la organización Kinal Antzetik en Guerrero, señala la corrupción institucional como un tercer problema.
Desde hace tres años el Gobierno le asignó protección por las amenazas que sufría.
“Han balaceado mi camioneta, han dejado recados a mi oficina, me han hablado por teléfono… Todo comenzó cuando denuncié un caso de corrupción en el que los proyectos no llegaban a las mujeres indígenas y violaciones de derechos humanos”, explica.
Pese a haber crecido en Yoloxóchitl, a 12 horas de Chilpancingo, estudió sicología y un posgrado en sicoterapia humanista.
Por la falta de seguridad no tiene una única residencia. “Vivo donde me entra la noche y hasta ahora he tenido la suerte de sobrevivir para contarlo”.
Sufren indígenas un doble rechazo
La violencia machista, el analfabetismo y la corrupción afectan a uno de los colectivos más vulnerables en el País.