Pese a las críticas recibidas de organizaciones pro derechos humanos, instituciones internacionales y la oposición, el Gobierno islamista moderado de Turquía logró ayer la aprobación parlamentaria de una polémica ley de seguridad que incrementa los poderes de la Policía.
Entre las medidas más polémicas están las que se refieren a las manifestaciones, pues la nueva ley incrementa las penas de cárcel para aquellos que se cubran la cara y equipara el uso de bombas molotov, resorteras o petardos al de armas letales.
Aún más preocupante resulta la ampliación de situaciones en que la Policía podrá abrir fuego contra quienes protestan, por ejemplo en el caso de que los manifestantes pretendan atacar edificios públicos.
“Las normas internacionales indican que las armas de fuego sólo deben ser usadas en caso de que una vida esté en riesgo, pero este concepto de ‘intentar atacar’ es muy vago y da pie a abusos”, criticó Amnistía Internacional.
Las ONG temen que la legislación incremente las muertes por bala e incluso los asesinatos extrajudiciales, y que sea más difícil perseguir a los agentes que hagan un mal uso de sus armas.

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