Exigen dar a pobres dinero de partidos

Ante diputados que aprobarán el Presupuesto del próximo año, organizaciones ciudadanas propusieron reducir el financiamiento a los partidos y los pagos extras a altos funcionarios para destinar esos recursos a combatir la pobreza.
Integrados en la denominada Acción Ciudadana frente a la Pobreza, representantes de esas agrupaciones solicitaron modificar la fórmula para dar dinero a los institutos políticos.
En lugar de multiplicar el 65% del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, plantearon que se multiplique por los votos obtenidos por cada fuerza política.
Con este cambio, los partidos recibirían menos de la mitad de los recursos que actualmente perciben.
Tan sólo en este año se les dieron 5 mil 199 millones de pesos.
Las organizaciones demandaron también eliminar a los altos funcionarios los bonos extraordinarios, compensaciones, fondos y días extras de aguinaldo, entre otras prebendas.
“Los recursos liberados por estas reformas se pueden destinar a inversiones de gran impacto social, como la cobertura de salud y la mejora de infraestructura de las escuelas, especialmente aquellas que carecen de baños, agua potable, salones y equipamiento mínimo”, señaló Mauricio Merino.
Maite Azuela, directora de Dejemos de Hacernos Pendejos, recordó que los partidos cuentan con la menor confianza de la ciudadanía, con un 22%, mientras que los legisladores son quienes más se asignan privilegios.
En su documento, los ciudadanos plantean que la Cámara debe establecer que todos los programas sociales sean manejados desde un solo padrón y se pueda acceder a ellos de manera abierta y transparente.
También, que se complete el proceso de desindexación del salario mínimo y que a más tardar en diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establezca su monto en la línea de la pobreza fijada con el Coneval, que es de 86.4 pesos.
Pidieron al Congreso completar las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción para mejorar la ejecución del gasto público, así como su fiscalización y eventual sanción a quienes incurran en conductas indebidas.
“Estamos en medio del proceso de reforma a nuestras instituciones de rendición de cuentas: por un lado, las reformas en transparencia y la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Estos esfuerzos estarán incompletos si el Legislativo no asume su rol de control democrático y del ejercicio de gasto público”, advirtió Edna Jaime, directora de México Evalúa.