El procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó la existencia de tres denuncias penales en las que se involucra a funcionarios municipales de la administración de Bárbara Botello Santibáñez en actos de corrupción como cobro de comisiones ilegales por contratos de Obra Pública y empresas “fantasma”.
Dos de las denuncias fueron presentadas por la Contraloría Municipal y otras más por un partido político y forman parte de la averiguación previa 101/2015.
En al menos dos de las denuncias uno de los señalados directos es el ex tesorero, Roberto Pesquera Vargas, aseguró el propio fiscal estatal.
En entrevista con am, Zamarripa señaló que las investigaciones determinarán si los ex funcionarios incurrieron en delitos como cohecho, concusión, abuso de autoridad o enriquecimiento ilícito.
Ayer am dio a conocer que un constructor denunció por extorsión al ex subdirector de Obra Pública, Misael Mexicano Páramo; y al ex tesorero, Roberto Pesquera Vargas, quienes a cambio de la asignación de obra pública le cobraban entre el 10% y 15% del monto total del contrato que se asignaba a través de un concurso o directamente.
Según los testimonios de los afectados el dinero se entregaba en efectivo a los funcionarios.

Procurador, ¿Cómo les llega a ustedes esta denuncia?
Cuando se presenta una denuncia, y más de un tema tan sensible, tenemos que ser cuidadosos, así nos lo exige la ley.
Sí tenemos varias, sin embargo aunque trajéramos el número de averiguación o la carpeta, la apertura de los datos que tenemos de cada uno de estos asuntos están en investigación, y sería una irresponsabilidad de mi parte, es más, hasta un delito el que revelara ciertos datos que están dentro de la investigación.
Si quieres que confirme si hay esta denuncia: sí, sí la hay y hay varias, lo he comentado, presentadas por la administración pública pasada, por la Contraloría Municipal.

¿Hay alguna otra persona externa o un particular que haya denunciado a la administración municipal pasada?
También. Son varias, por supuesto dentro de estas denuncias, hay denuncias en donde se involucra evidentemente particulares que hemos llamado a declarar al respecto.
Te puedo decir solamente que sí tenemos empresas constructoras involucradas; cuando hablo de involucradas es decir, mencionadas, señaladas, es decir, que seguramente les resulta cita para corroborar algún dato de los que se han vertido dentro de esta denuncia y no que necesariamente ellos estén involucrados en la comisión de un delito, quiero ser muy preciso en eso.
A ellos en su momento les resultará cita para poder integrar el expediente y no necesariamente que tengan qué ver con la comisión de una conducta ilícita, sino porque les resulta cita por otras razones de su mención dentro de ciertos hechos.
Recordemos que hubo también una denuncia por el tema de la concesión de la recolección de la basura.

¿Ya han citado a declarar a ex funcionarios municipales por estas denuncias?
Eso será en su momento, en su momento procedimental, que de acuerdo a la investigación tengamos, se les citará.

En el caso específico de Roberto Pesquera Vargas, el ex tesorero, ¿hay alguna o más denuncias contra él o que al menos lo impliquen?
Sí, sí lo implican. La Contraloría de la administración pasada presentó dos denuncias (que señalan a Roberto Pesquera Vargas).

¿Cómo va la investigación del presunto cobro de moches a empresas constructoras?
Lo que puedo decir es que de acuerdo a la información que nos ha vertido la Contraloría Municipal de la administración pasada se manejaron varios temas, entre ellos éste y evidentemente con dar el nombre de alguna empresa estoy siendo irresponsable.
Se están integrando, se está llevando a cabo una integración, estamos solicitando diversa información a la parte municipal por obvias razones.
La Contraloría municipal de la administración pasada hizo varios señalamientos de la propia administración y varios señalamientos de los ahora ex funcionarios, que se vieron involucrados en esas presuntas conductas que se denunciaron.
Nuestro trabajo ahora consiste en corroborar esto que se mencionó dentro de la denuncia y que, sin duda, una vez que concluyamos la investigación podamos ver si eso que se denunció es una falta administrativa.
Si eso que se denunció es una conducta delictuosa y de ser esta parte segunda, sin duda tendrá que haber una implicación, es decir tendrá que haber una consignación ante un órgano jurisdiccional por los delitos que se puedan tipificar de acuerdo a las conductas denunciadas.
Nuestro trabajo ahorita está enfocado en precisamente dilucidar y acreditar esto que ya está mencionado dentro de la Contraloría, de ahí que estamos haciendo una serie de solicitudes de información y de evidencia a la propia administración municipal en turno, para efecto de poder integrar debidamente estas averiguaciones previas.
Reitero, sí tenemos varias, sí tenemos por los casos que están denunciando (publicados por am), dos denuncias interpuestas por la Contraloría de la administración pasada en contra de varios funcionarios, ahora ex funcionarios.
Tenemos otra más que es con el tema de la basura, que esa se presentó muchos meses antes y que allí tendríamos un retraso porque no se había vertido la información en los términos que se había solicitado, de manera total; sí se vertió una parte pero faltaba otro tanto, ahora la hemos vuelto a solicitar y bueno estamos en este proceso de integración.
El municipio de León, a los alcances que hemos tenido y con los enlaces que se han designado, se ha podido tener un mayor flujo de información, de documentación y se están integrando de manera más ágil estos expedientes.

¿Qué pena acarrearían estas denuncias en caso de confirmarse los hechos?
Habría que ver, ellos nos denunciaron hechos. Tendríamos que ver la tipificación de algunos de estos delitos, puede tipificarse algún tipo de cohecho, peculado, concusión, algún abuso de autoridad, varios o todos estos quizás.
Esto se tendrá que ver precisamente una vez que podamos terminar la investigación, que sin duda creo que de seguir esta investigación con esta dinámica, es decir, con este flujo de la información, estaremos en un breve tiempo terminándolas de integrar y empezar a citar a las personas que les resulta cita dentro del expediente. Espero que sea en breve tiempo.

El cobro de moches o comisiones a cambio de asignar obras es un tema muy sonado en Obra Pública, ¿hay algún llamado para otras constructoras que estén pasando por lo mismo, que hayan tenido este problema en la administración pasada?
Bueno creo que no sólo en la administración pasada, en cualquier momento de cualquier administración, me parece que es un tema de corrupción, es un tema que sin duda tiene que ser denunciado para aplicar la ley.
El problema es que a veces quien dice padecerlo en su momento es beneficiario de lo mismo, entonces esto produce un círculo perverso porque al final del día es parte de esta corrupción porque la autoridad se corrompe también a través del particular que le otorga.
Por eso tenemos varios tipos penales que ya decía, no es lo mismo el que está pidiendo, exigiendo, para que se haga algo, al que de común acuerdo sabemos cuánto se va a otorgar, son temas diferentes y también el que se ha enriquecido por parte de la administración pública, con los recursos que se tienen, o bien obteniendo recursos de los que le son otorgados para los fines propios de su competencia.
Por eso decíamos, tenemos concusión, tenemos peculado, tenemos cohecho, tenemos abuso de autoridad y seguramente en ello habrá, una vez que escuchemos también a los involucrados, podemos dilucidar de qué delito se trata.

Yo no sé nada: Pesquera

El ex tesorero municipal, Roberto Pesquera Vargas, dijo desconocer denuncias que lo involucren en hechos como el presunto cobro de diezmo por la asignación de obras públicas durante el pasado trienio.
El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó que hay demandas que implican directamente al ex funcionario en temas de Obra Pública y en asignación de contratos de su área.
Al respecto am contactó al acusado para conocer su versión y accedió a responder vía whatsApp pues por teléfono “no vaya ser que esté intervenido”, dijo.

Un particular acusa de cobro de diezmo e involucra a usted y a Misael Mexicano, ex subdirector de Obra Pública Municipal. ¿Qué dices a eso?
Con gusto declaro cuando sepa cuál es la acusación concreta, qué elementos se presentaron y quiénes la están haciendo. Con la pobre información que publican es difícil dar una opinión certera.
No considero prudente abonar a la mediatización de un tema que se dirimirá ante instancias legales.
Aquí está en juego el nombre y la honorabilidad de personas a las que am ha sentenciado antes de que un juez lo haga.
Considero irresponsable que el am se erija como acusador y juez, cuando su responsabilidad es informar a sus lectores los hechos con rigor periodístico, del que notoriamente ha carecido últimamente.

Está la denuncia concreta de un constructor. ¿Ya le notificaron de la misma, le han citado a declarar por eso?
Ni tu servidor ni ningún ex funcionario de Tesorería ha sido citado a declarar, es otra imprecisión, dolosa naturalmente, de su nota de hoy (ayer).

¿Niega entonces que se haya pedido diezmo a cambio de asignar alguna obra?
En lo que toca a tu servidor lo niego categóricamente y esperaremos a ser citados y declarar ante las instancias judiciales que llevan el tema.

Exigen diputados panistas resolver las irregularidades

Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que no sólo se resuelvan las denuncias presentadas por particulares, sino que además no queden impunes las supuestas irregularidades que se cometieron en la anterior administración municipal priísta.
Esto luego de que AM publicara ayer que la Produraduría de Justicia del Estado recibió denuncias penales contra funcionarios de la administración pasada por el supuesto cobro de moches a constructores.
“Esperaría que no solamente la denuncia de particulares esté actuando sino que haya un mecanismo en la propia administración municipal y en los congresos local y federal, donde se estén auditando los recursos y se sancione”, dijo la legisladora Mayra Enríquez Vanderkam.
Exigió que además de que puedan existir castigos penales se repare cualquier daño patrimonial que se pudo haber cometido en la anterior administración de Bárbara Botello Santibáñez.
El ex alcalde de León y actual diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, exhortó a los empresarios constructores a que tengan el valor de denunciar, aunque en su momento pagaron algún porcentaje a funcionarios por recibir obra pública.
“Entiendo que no quisieron verse afectados cuando estas personas tenían el control del Gobierno y ahora sí ven condiciones de poderlo hacer (denunciar); ojalá muchos otros tengan el valor de denunciarlos y que lo hagan con fundamento”, aseveró.
Sheffield confía en que la Procuraduría de Justicia del Estado no dejará impune este tema a pesar de que, aseguró, esta problemática no se había presentado anteriormente, ni en su administración.

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