La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad investigar las presuntas anomalías en la compra de 933 hectáreas de tierras para la fallida refinería.
Los cinco ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte votaron el pasado miércoles a favor de atraer el amparo 452/2012 que promovió el abogado José Roberto Saucedo Pimentel.
Ya antes, el pasado 24 de abril, la misma primera sala de la Corte había aprobado también por unanimidad atraer el caso del amparo en revisión 453/2012, promovido por Saucedo para investigar presuntas anomalías en los proyectos de la Expo Bicentenario y del Ten Interurbano, que en conjunto representaron el desembolso de unos 3 mil millones de pesos.
El nuevo caso que atrajo la Corte es exclusivamente por omisiones en la investigación del caso de la refinería.
Ambos amparos habían sido desechados en primera instancia por un juez de distrito que consideró que el abogado Saucedo Pimentel carecía de interés legítimo para inconformarse contra la Procuraduría de Justicia de Guanajuato.
“Se reclama la omisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, de investigar oficiosamente hechos que pueden constituir diversos ilícitos penales previstos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, que afectan al pueblo de Guanajuato”, argumentó el abogado en sus dos demandas de amparo.
El pasado 10 de enero el Tribunal Colegiado en Materia Penal en Guanajuato decidió solicitar la intervención de la Corte para resolver los amparos.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentó el amparo en revisión 453/2012 ante la primera sala y lo sometió a votación de sus colegas.
“El estudio que al efecto se realice puede determinar, en un momento dado, si los ciudadanos de alguna entidad federativa tienen interés legítimo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la investigación al Poder Ejecutivo estatal por posibles actos de corrupción”, determinó la primera sala al aprobar por unanimidad el proyecto de la ministra.
El pasado miércoles, el ponente del amparo en revisión 452/2012 fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Una vez más, todos los ministros de la primera sala votaron a favor de atraer el caso al considerarlo “de trascendencia e importancia”, ya que el máximo tribunal podrá establecer si la omisión de una autoridad de ejercer las facultades que le son conferidas, puede afectar la esfera de derechos de una persona.
En este caso, el quejoso reclama que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato se negó a investigar las presuntas irregularidades cometidas en la compra de 933 hectáreas de tierras para la fallida refinería Bicentenario.
En la compra de esas tierras, el Gobierno de Guanajuato desembolsó 1,750 millones de pesos a través de intermediarios y presuntos ‘prestanombres’, al crear una empresa fantasma a la que llamó ‘Cereales y Pastas Finas’.
“Esta primera sala de la Suprema Corte ejerce la facultad de atracción para conocer el amparo en revisión 452/2012”, resolvieron los ministros Jorge Mario Prado Rebolledo, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Pagan sobreprecio de $850 millones
El abogado Saucedo Pimentel expuso en su demanda que la compra de las tierras estuvo plagada de irregularidades, como el pago de tierras a sobreprecio, además de haberse engañado a los ejidatarios con una empresa inexistente.
Un avalúo realizado por especialistas del Gobierno federal, confirmó que el Gobierno de Guanajuato pagó un sobreprecio de aproximadamente 850 millones de pesos por las 933 hectáreas que adquirió para la malograda refinería.
El avalúo determinó que el valor promedio de las tierras era de 960 mil pesos.
Sin embargo, los intermediarios de Oliva pagaron casi el doble, pues en promedio negociaron cada hectárea en un millón 870 mil pesos.
Si el Gobierno del Estado se hubiera apegado al avalúo del Gobierno federal, el pago por las tierras debió de haber sido de 895 millones de pesos y no de mil 745 millones, que es lo que desembolsó.
El estudio, realizado por expertos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó que el valor mínimo de referencia de los terrenos en la zona donde se proyectaba la refinería era de 660 mil pesos por hectárea, y el valor máximo de mil 320 millones.
El promedio entre el valor mínimo y máximo fue de 960 mil pesos por hectárea.
Aún si los terrenos se hubieran pagado al valor máximo de referencia, se habría obtenido un ahorro de 514 millones de pesos.
“El objeto del avalúo es proporcionar un instrumento que permita negociar a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable con los propietarios de las parcelas el pago de la indemnización de los terrenos por la construcción de dicho proyecto (la refinería)”, establece el documento de justificación del estudio.
Sin embargo, la compra de los terrenos se realizó antes de que se concluyera el avalúo.
Los valuadores realizaron un recorrido por los terrenos el 14 de junio de 2009, cuando ya estaba en marcha la negociación y compra de los primeros predios, por parte de los intermediarios del Gobierno estatal.
La investigación de mercado de los diferentes tipos de terrenos que hay en la zona se hizo posterior al recorrido, por lo que el dictamen valuatorio se entregó a la Secretaría de Desarrollo Económico hasta el 27 de julio de 2009, cuando ya se habían pagado gran parte de los terrenos a los ejidatarios.
Compran hasta al triple del avalúo
La compra de las tierras para la fallida refinería se realizó a precios diferenciados. Por las 933 hectáreas del polígono, el Gobierno del Estado desembolsó mil 745 millones de pesos. Es decir, pagó en promedio a 1 millón 870 mil pesos cada hectárea.
Aunque los pagos se realizaron en forma diferenciada: a unos se les pagó por debajo del avalúo y a otros hasta tres veces más, según confirmó AM al consultar contratos de compra-venta en el Registro Público de la Propiedad.
Por ejemplo, una ejidataria de Villagrán cobró 3 millones 28 mil pesos por hectárea, que equivale a 4.5 veces el valor mínimo de referencia establecido en el avalúo y el doble del valor máximo.
“Las operaciones de cierre llegaron a los 3 millones 600 mil pesos (por hectárea)”, reconoció la Secretaría de Desarrollo Económico en un oficio enviado al Órgano Superior de Fiscalización.
Los primeros ejidatarios que aceptaron vender sus tierras, cobraron sólo 200 mil pesos por hectárea (tres veces por debajo del valor mínimo del avalúo).
Hubo una diferencia de 18 veces entre el que vendió más barato y el que vendió más caro.
El sobreprecio
$1,750 Millones fue lo que pagó el Gobierno por tierras de la fallida refinería
$895 Millones debió pagar, según valor promedio del avalúo que hizo el Gobierno federal
$855 Millones es lo que pagó de sobreprecio el Gobierno por las 933 hectáreas
Fuente: Avalúo del Indaabin
Los ministros
Ministros de la primera sala que por unanimidad aprobaron atraer el caso de la fallida refinería:
Jorge Mario Prado Rebolledo
Olga Sánchez Cordero
José Ramón Cossío Díaz
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Cobra intermediario 3 millones de dólares
El principal intermediario en la compra de tierras para la fallida refinería, cobró el equivalente a casi 3 millones de dólares entre 2007 y 2009, según contratos obtenidos a través de la Ley de Transparencia.
En 2006, cuando trabajaba en la delegación de la Procuraduría Agraria, Ubaldo ganaba 17 mil pesos mensuales como jefe de departamento operativo.
Tendría que haber ahorrado su sueldo de 161 años para reunir la cantidad que ganó en el Gobierno de Guanajuato en sólo tres años.
Un informe oficial detalla que Ubaldo fue el principal negociador de los terrenos para la refinería y en seis meses ganó casi 17 millones de pesos.
En medio año ganó el doble de lo que cobró Juan Manuel Oliva como Gobernador en todo su sexenio.
Un contrato por 2 millones 833 mil pesos lo obtuvo a través de su empresa Consultoría y Gestión y Capacitación, para localizar las tierras que compraría; otro contrato fue a su nombre, por 14 millones 34 mil pesos, para negociar los terrenos.
El modelo de Cereal y Pastas Finas había sido aplicado antes en el municipio de Celaya, en el llamado ‘Proyecto Tungsteno’.
Al igual que ocurrió en Salamanca, Ubaldo Ortiz Castro fue contratado por el Gobierno de Oliva para realizar la compra masiva de tierras en el ejido Rincón de Tamayo, ubicado en la zona sur de Celaya. Esos terrenos luego fueron donados a la empresa Honda.
En total, en los proyectos de Honda y de la fallida refinería, el intermediario cobró 33 millones de pesos de comisiones, equivalentes a casi 3 millones de dólares.
Contexto
Las ‘transas finas’
A mediados de julio de 2009, el Periódico AM publicó testimonios de campesinos que aseguraban que el Gobierno del Estado había recurrido a la empresa Cereal y Pastas Finas para realizar la compra de terrenos ejidales.
El domicilio de la supuesta empresa estaba en el edificio Zentrum, de Salamanca, en la calle Cazadora 805, de la colonia San Roque. Esa misma dirección era la que aparecía en los contratos que Ubaldo Ortiz firmaba con los ejidatarios.
Los reporteros del Periódico AM buscaron en los registros públicos de todo el estado y en las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda, y descubrieron que esa empresa era ‘fantasma’: no había rastro oficial ni documento que avalara su constitución formal.
Tras exhibirse el engaño, la empresa se esfumó de un día para otro.
El letrero de la empresa ‘fantasma’ fue arrancado de la fachada del edificio. Los campesinos quedaron desconcertados, pues el adquiriente de los terrenos (Ubaldo) había aportado como domicilio legal el edificio desalojado. No sabían ahora con quién acudir para reclamar los pagos pendientes y para formalizar la compra-venta de sus terrenos.
Muy pronto, Ubaldo reapareció en los terrenos ejidales que había adquirido y ofreció a los campesinos la posibilidad de levantar su cosecha.
Para ello, firmó nuevos convenios en los que él aparecía como “el poseedor” de los terrenos y autorizaba a los ejidatarios a entrar temporalmente a sus parcelas, sólo a cosechar el maíz, la alfalfa y el sorgo que meses antes habían sembrado.
En estos nuevos convenios, Ubaldo ya no aportó como su domicilio las instalaciones de la ficticia empresa Cereal y Pastas Finas, que habían sido desalojadas, y dijo residir en Bulevar Solidaridad número 11189, en Irapuato. Esa dirección corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Guanajuato.
Ubaldo dejó la simulación de la empresa ficticia de la que se decía director, y asumió su papel del ‘coyote’ del Gobierno.