En Guanajuato existen fallas en todo el sistema de seguridad que han provocado que el grado impunidad sea alto, concluyó el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX).
Este estudio elaborado por la Universidad de Las Américas de Puebla y el Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia, señala que tan sólo en el 2014, se iniciaron 79 mil 612 averiguaciones previas en la entidad, lo que contrasta con sólo 140 casos de delincuentes que fueron sentenciados.
El estudio señala que una cifra tan baja podría significar que un gran número de casos fueran resueltos a través del Sistema Penal Acusatorio, “pero al conocer que este sistema no opera en todo el estado es imposible que resuelva tantos casos”.
Destaca también que la cifra negra de delitos en Guanajuato es del 93.4%, situación que lo coloca por arriba de la media nacional que es del 92.8%, “significa que en este estado se denuncian y reportan menos delitos que en la mayor parte del país”.
En el 2014 los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Guanajuato fueron, robo a casa habitación, robo de vehículo, otros robos, daño a la propiedad y lesiones.
Este diagnóstico incluye datos de las 32 entidades federativas y señala que Guanajuato es unos de los 11 estados con grado de impunidad alta.
A nivel nacional el índice de impunidad es de 67.42, mientras que en Guanajuato alcanza el 65.15.
Uno de los factores que influyen en el grado de impunidad, según detalla el documento, es que a pesar de que desde el 2011 entró en vigor el Sistema Penal Acusatorio en Guanajuato, actualmente sólo opera parcialmente.
Destaca el número de delitos de género
Además advierte de la alta incidencia de los delitos relacionados a la violencia de género pues según datos de la Procuraduría General de Justicia Estatal, de 2013 a julio de 2015 se registraron 189 asesinatos de mujeres por razones de género, siendo León el municipio que reporta más casos.
“De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del IGI-MEX, el sistema de seguridad (en Guanajuato), en sus dos dimensiones (tanto estructural como funcional), presenta algunas problemáticas”, señala el informe.
En la parte estructural, el sistema de seguridad tiene suficientes agencias del Ministerio Público, con 5.1 por cada 100 mil habitantes, incluso se encuentra muy por arriba de la media nacional que es de 3.2, el problema es que no se tiene el personal suficiente para brindar la atención.
“Al no haber gente suficiente en las agencias del Ministerio Público y Procuradurías para asentar y dirigir los casos hacia los tribunales para que los jueces los lleven a cabo, podría ser éste un indicador acerca de por qué hay una distancia abismal entre el número de averiguaciones previas y las causas penales”, refiere el estudio.
Y advierte que esta falta de personal puede ser una de las causas por la que el porcentaje de encarcelados por robo y por homicidio es muy bajo.
En cuanto a robos, apenas en ocho de cada 100 casos denunciados se encarcela al delincuente, mientras que en el caso de homicidios esto ocurre en 18 de cada 100 casos.
El sistema de justicia en Guanajuato cuenta con magistrados y jueces por arriba de la media nacional, así como secretarios y personal, pero esto no se refleja en la sentencias emitidas.
“Lo anterior apunta a que los procesos de los delitos cometidos registrados no se llevan a cabo correctamente y por lo tanto se dictan muy pocas sentencias.
“Se podría traducir en una ineficiencia del proceso y en particular de los actores, ya que si bien existe personal suficiente, se notan a su vez inconsistencias en la información y muy pocos sentenciados con respecto al número de averiguaciones previas”, concluye el informe.
Demandan ‘resetear’ prioridades
El Presidente de la Coparmex León, José Alberto Castro Vera, demanda a las autoridades responsables de la seguridad y la justicia en Guanajuatro que “reseteen” sus prioridades y pongan en lo más alto combatir la impunidad
Mediante un comunicado con motivo de los resultados del Índice de Impunidad 2016, Coparmex pide que las inversiones que se realicen en la materia se hagan con una clara visión de los resultados que la ciudadanía reclama y merece.
“Toda acción, programa o gasto relacionado a temas de seguridad y justicia que no contribuya a reducir la impunidad, difícilmente se podría hablar de una eficacia en el actuar gubernamental”, señala el comunicado.
La Coparmex destaca que el fenómeno de la inseguridad es multifactorial y demanda una coordinación entre autoridades de todos los rangos.
“Ha llegado el momento de que las autoridades cambien lo que están haciendo.Deben dejar de dar informes de acciones y empezar a entregar y comprobar resultados. Eso es lo que los ciudadanos necesitamos”.
Según la Coparmex, las prioridades que se deben de atender en México son la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
El documento coincide con varios puntos expuestos en el estudio presentado.
Por ejemplo, que es importante garantizar la efectividad de los elementos de policías.
“En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”.
Castro Vera señala también que “los ciudadanos debemos acrecentar nuestra cooperación y participación para encontrar junto con las autoridades solución a los múltiples problemas que en materia de seguridad y justicia nos aquejan”.