Las quejas de ciudadanos contra elementos de Seguridad Pública que estaban acusados de cometer un posible delito en el ejercicio de su trabajo, no se reportaban por la ex presidenta del Consejo de Honor y Justicia, Bertha Muñoz Barroso, a la Procuraduría de Justicia del Estado.
Así lo informó el presidente del Consejo de Honor y Justicia, Sergio Montaño Hernández, quien detalló que se tuvo ya un acercamiento con autoridades de la Subprocuraduría de Justicia, Región B, para poder dar cumplimiento a este reporte, que se establece como obligatorio en el artículo 24 del reglamento de este órgano.
“Es un tema olvidado por la persona que estaba anteriormente, nunca se le dio cumplimiento al ordenamiento que señala que cualquier queja de la que se desprenda la comisión de un posible delito, hay que darla a conocer a la autoridad, entonces nosotros no queremos mantener esta circunstancia, de no informar a la autoridad y que se desprenda algún tipo de cuestión”, comentó.
Montaño Hernández, señaló que son pocos los casos que se tienen reportados, pero que al no darse cumplimiento a este artículo, no se les dio seguimiento por la vía penal, ante la Subprocuraduría, situación que inicia desde este momento para dar mayor certeza jurídica a los iraputenses en sus denuncias contra elementos de Seguridad.
“Son escasos, la situación no es desbordada, en los que realmente se dio alguna situación como que le robaron el celular, que traía 200 pesos y que ya no los encontró, por otro lado las circunstancias al no tener la apertura de la investigación quedaron en el olvido, y es lo que no queremos que ocurra, tanto el alcalde como el licenciado Alcántara (Secretario de Ayuntamiento) nos han dado la indicación de que se trabaje apegado a derecho”, explicó.
El presidente del Consejo de Honor y Justicia señaló que el personal de la Subprocuraduría está disponible para dar seguimiento a las quejas de los ciudadanos que acusen, con pruebas, a los elementos de cometer algún delito.
“Eso le da más certeza jurídica, una situación es la investigación de carácter administrativo, y otra es la situación de la investigación de carácter penal, es así como le damos la certeza jurídica al ciudadano de que se investiga en materia administrativa y penal (…) el beneficio del ciudadano es que ya no tendría que ir hasta el Cereso y al Ministerio Público y relatar la situación, son dos instancias jurídicamente, al darle cumplimiento al reglamento le estamos ahorrando este paso”, finalizó.