En su propuesta entregada al presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso local, Juan Carlos Muñoz Márquez, la plataforma Uber plantea que se eliminen varios requisitos para los conductores y las unidades del Servicio de Transporte Especial Ejecutivo, establecidos dentro de la iniciativa de Ley de Movilidad para el Estado.
Pide modificar la antigüedad de vida útil de las unidades que fue establecida en la iniciativa de 5 a 10 años, al igual que otros servicios públicos; no solicitar acreditación de capacitaciones en excelencia, ya que la empresa las ofrece de antemano; no tener que demostrar la habilidad en un idioma extranjero y poder circular con una licencia tipo A para particulares y no B, como lo señala la ley, pues argumenta que es un servicio privado que se estaría prestando a particulares.
AM tuvo acceso a la propuesta entregada por Uber al legislador del Partido Acción Nacional (PAN) en días pasados, en la que solicita una regulación equitativa para todos los servicios de transporte público en el Estado.
“Consideramos que la regulación en materia de movilidad debe ser inclusiva de nuevas modalidades de transporte, tal como lo recomienda la Comisión Federal de Competencia Económica a través de la opinión emitida el 4 de junio de 2015, en la cual menciona que las Empresas de Redes de Transporte, como lo es Uber y algunas otras, no pueden ser comparables con un taxi convencional, ni ejecutivo; por el contrario, la opción facilitada por dichas empresas, debe ser considerada como un producto innovador que, por consecuencia, debe ser regulada de igual manera”, dice el documento.
Tipo de licencia y capacitación
La propuesta señala que en Guanajuato a la fecha hay más de 50 mil usuarios de Uber, para quienes pidieron una regulación más “dinámica y sin limitantes”, de tal forma que permita la flexibilidad a socios para incorporarse a la plataforma por las horas que les sea conveniente, y generar oportunidades económicas.
Considera que no se debe solicitar una licencia tipo B a los prestadores del servicio de Uber, sino una licencia tipo A, de transporte privado, pues argumenta que son particulares que dan un servicio con sus propios autos, por lo tanto, ya cuentan con una licencia, y no requieren una B, ya que ésta no agrega un beneficio al usuario del servicio.
Para la expedición de la licencia, en el documento se indica que la autoridad estatal deberá verificar que el solicitante no tenga impedimento para obtenerla, pero señala que para poder acceder a la plataforma de Uber, los socios aprueban estrictos exámenes de confianza, así como cursos de calidad y seguridad que benefician directamente al usuario.
Es este sentido, también rechaza la posibilidad de que los conductores deben acreditar una capacitación especial enfocada a la excelencia y calidad en el servicio, cubrir conocimientos y habilidades en las tecnologías de la información aplicables y aprobar cursos de capacitación permanentes.
Además, pide quitar la restricción en relación al número de pasajeros que pueden viajar en cada unidad, pues asegura que en la tarjeta de circulación de cada vehículo ya se establece.
También plantea la modificación de la vida útil de las unidades de 5 a 10 años, como se plantea para otro tipo de servicios, como de personal, escolar y accesorio, en relación a que existe una autocertificación de calidad de los automóviles en cada viaje realizado.
Diseño y lugar de encierro
Asimismo, pide no tener que portar el número económico, no portar cromática o distintivo, color o diseño alguno, en razón de que el distintivo del color en el servicio público tiene como razón de ser que el usuario lo identifique en la vía pública, pero en el caso de los socios Uber el servicio es a través de una plataforma y no están en la calle buscando servicio.
En la propuesta Uber señala que los conductores no deben ser obligados a contar con lugares de encierro como lo establece la ley porque cada conductor utiliza autos particulares, los cuales cuando no están en operación a través de la plataforma tecnológica son usados por sus dueños para la satisfacción de sus propias necesidades, por lo que considera que este tipo de disposiciones desalienta el modelo de movilidad colaborativa, elevando los costos para que los particulares puedan participar en la prestación del servicio.
También la plataforma pide no contrariar la ley la oferta y demanda del servicio al momento de establecer un número determinado de unidades a las que se les podrá otorgar el servicio, considerando si se trata de una persona física o jurídico colectiva.
Solicita aclarar conceptos de iniciativa
Uber señala que es necesario aclarar la definición del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo y la forma en que se presta el servicio, pues en la Ley de Movilidad se establece la restricción de que no puede ofrecer sus servicios de forma libre y directa en la vía pública.
Asimismo, pide especificar conductas sancionables, pues se establecen las penas, pero no se justifican.
Aclara que la forma en la que se establecerían las tarifas sería en relación al modo que se opera en otras ciudades, pero garantiza que serían precios flexibles con el propósito de incentivar la demanda. La Ley señala que tendrían que consultar con la autoridad las tarifas y ésta debería dar su aprobación.
Pide descartar revisiones mecánicas y exámenes físicos, ya que la empresa los aplica a sus socios para registrarlos.
En los derechos para los usuarios del Servicio de Transporte Ejecutivo se establece como obligación una indeminización para el usuario en caso de que cause daños a personas o bienes de manera intencional, pero Uber señala que a los conductores se les solicita que cuenten con un seguro de amplia cobertura.
Además se les pide tener visibles los datos del operador de la unidad, pero se justifica que desde la plataforma, tanto la información del conductor, como las características del vehículo es conocida.
“…es importante destacar que la tecnología hace innecesario que los vehículos requieren de identificación especial y las calificaciones que los conductores reciben en cada viaje, promueven el mantener altos estándares de calidad tanto en los autos como en el servicio”, señala la propuesta.
Urge Coparmex a eliminar concesiones
Bajo el argumento de que las concesiones pueden fomentar los casos casos de monopolios y corrupción, la Coparmex León propuso a las autoridades estatales eliminar este tipo de licencias para el servicio de taxis.
“La Coparmex hace un doble llamado al Gobernador del Estado y al Congreso local. Por un lado, a que no sobrerregulen las nuevas ofertas de sistema de taxis a través de aplicaciones móviles. Y al mismo tiempo, a que desregulen los sistemas de taxis tradicionales.
“Es tiempo de eliminar las concesiones de taxis en el Estado. De esa manera tanto la industria como los consumidores se beneficiarían. Una industria libre de concesiones significa más competencia, mejor servicio, tarifas económicas y más empleos”, señaló este organismo empresarial que preside José Alberto Castro Vera.
Los empresarios que forman parte de la Coparmex reiteraron su rechazo a la iniciativa de Ley de Movilidad que busca regular las nuevas ofertas de sistemas de transporte como Uber.
“Si a constructoras, hoteles, restaurantes, zapaterías, curtidurías, acereras, inmobiliarias no se les exige una concesión gubernamental, ¿por qué a la industria de taxis sí? Generalmente, las concesiones gubernamentales aplican cuando un tercero explota un recurso natural finito, pero es evidente que la industria de taxis no lo es. Al contrario, forma parte de la libre empresa”, consideró la Coparmex.
Exigen empresarios cancha pareja
Empresarios del sector cuero-calzado opinan que las medidas de seguridad para los autos de servicio público y ejecutivo deben ser las mismas.
“Debe regularizarse la situación con Uber como lo han hecho en otras ciudades de México y otros países. Los taxis son un mercado un poco distinto, pero la seguridad de los pasajeros es importantísima. El hecho de que sean mejores vehículos y con buen mantenimiento, sí debería ser una regulación estándar para todos”, dijo Manuel Muñoz Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex).
“Debemos tener una competencia similar, se debería exigir lo mismo a todos, tiene que ser algo muy parejo como ley. Si un servicio de una empresa especial quiere brindar mayor capacidad y confort u otro tipo de idiomas, al final el usuario decide cuál servicio usar”, mencionó Javier Plascencia Reyes, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg).
Además, aseguraron que la competencia es algo necesario para mejorar los servicios.
“La entrada de una empresa nueva de transporte se me hace que es una competencia sana que ayudará a mejorar el transporte de la ciudad”, expresó Pedro Camarena Plascencia, presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (Cicur).