El Consejo Coordinador Empresarial de León denuncia que existe corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de León (Julcas) y pide el cambio de tres funcionarias dada la ineficiencia de su labor.
Exigen al Gobierno del Estado que se recupere el marco de justicia laboral en un plazo no mayor a tres meses, para tener certidumbre y confianza en el actuar de los responsables de la impartición de justicia en dicho tema.
Gustavo Guraieb Ranth, presidente del CCEL, expuso las deficiencias a las que se exponen los empresarios y que cuestan alrededor de 3 mil 750 empleos al año en León.
“Las empresas han venido enfrentando serias consecuencias derivadas de las deficiencias en la impartición de justicia laboral, entre las que destacamos funcionarios y personal inexperto y con bajo desempeño, deficiente aplicación de los criterios jurídicos, procesos ineficientes y casos de corrupción y fraude”, dijo.
Jorge Ramírez, presidente de la Comisión Laboral del CCEL, explicó que desde hace dos años se trabaja en el tema, en noviembre del 2014 presentaron un estudio de los efectos negativos que provocan en las empresas como: aumento en las demandas laborales, juicios lentos, baja certidumbre jurídica y altos costos para las empresas así como inhibición en la generación de empleos.
Sin embargo ven con preocupación que el problema no represente una prioridad para las autoridades, e insisten en realizar acciones contundentes en cinco áreas.
“No sabemos por qué no hay sanciones para funcionarios, no sabemos por qué habiendo evidencia de que no hay indicadores que permitan medir no se toman medidas”, dijo.
Mencionó además que a muchos agremiados les da miedo contratar porque luego les genera muchos problemas, por lo que buscan esquemas de subcontratación.
Una de las demandas concretas es el cambio de la Subsecretaria del Trabajo María Libia Gómez Padilla, la directora del Trabajo Angélica María Ramírez Morales y Beatriz Álvarez Cavazos, presidenta de la Junta Local número 2 de León.
También que a partir del primero de abril se exija la aplicación de todos los criterios jurídicos por parte de todos los funcionarios de las Julcas y si no es así que los sancionen, que se instale una agencia del Ministerio Público para denunciar malas prácticas, corrupción y fraude.
Además que se genere en un plazo de 60 días una Comisión Tripartita de Mejora Continua con dos representantes del sector obrero, empresarial y gubernamental y a la vez implementar un esquema de articulación entre varios actores para promover mejores prácticas en las empresas.
Ayer en la rueda de prensa estuvieron los presidentes de Coparmex José Alberto Castro, de Canacintra René Solano Urban, de CICEG Javier Plascencia Reyes y el Vicepresidente del área jurídica Roberto Roel.
Confirman llamado de Márquez a colaborar
Los empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León aceptaron que durante la reunión que tuvieron con las autoridades federales, estatales y municipales para hablar de seguridad, también se les pidió poner de su parte.
Gustavo Guriaeb Ranth, compartió que el gobernador Miguel Márquez les dijo que así como señalan las fallas de las autoridades también les pidió comprometerse con mejores oportunidades laborales para sus trabajadores.
am publicó el viernes que tuvieron una reunión en las instalaciones del C5 autoridades y los fundadores de la Mesa Ciudadana de Seguridad, el presidente del OCL Luis Alberto Ramos, de Coparmex José Alberto Castro y la presidenta del organismo Rocío Naveja.
“El Gobernador nos pide de manera justa, que no solamente señalemos las fallas del Gobierno sino también que los empresarios se involucren y se comprometan más para aportar a esta seria problemática de la seguridad”, explicó ayer Guraieb.
Comentó que tuvieron oportunidad de señalar lo negativo, por ejemplo que desgraciadamente Guanajuato está en los primeros cinco lugares de la mayoría de los delitos.
También señalaron que el Plan de Seguridad para León necesita más detalle, diagnóstico, estrategia específica y métricas, así como metas claras para que al final del año haya una reducción en los índices delictivos en la ciudad y entidad.
“Además de involucrarnos en la Mesa Ciudadana, nos piden que en nuestras empresas y comunidades seamos más comprometidos, nos involucremos más, desde favorecer a nuestros trabajadores con las mejores condiciones de trabajo posibles, porque gran parte del problema de seguridad tiene que ver con marginación”, dijo.