El dictamen que salió del Senado sobre la ley general contra la tortura deja abiertas rendijas para que se puedan aceptar pruebas obtenidas bajo tortura, alertaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Daniela Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que la redacción permite que una prueba obtenida mediante la tortura sea aceptada en el supuesto de que se hubiera podido llegar a ella a través de otra forma legal.
“Lo que nosotros queremos es que las autoridades dejen de torturar y se pongan a investigar, a comprobar los delitos con hechos científicos”, comentó.
La senadora Angélica de la Peña (foto), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, admitió que la discusión fue fuerte para poder sacar la minuta, por lo que no pudo incluir como un agravante la calidad de los funcionarios.
Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lamentó que la Cámara de Diputados haya terminado su periodo ordinario de sesiones sin aprobar la ley.