La aplicación del nuevo sistema de justicia penal registra rezagos, ausencias y fallas que impactarán de manera negativa la operación del modelo de juicios orales, y retrasarán la consolidación de una justicia eficaz y adecuada en el País.
Así lo señala el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC) en el reporte “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”.
Advierte el informe que si se mantiene el ritmo de implementación mostrado por las entidades desde 2013, harán falta otros 11 años para alcanzar el nivel óptimo del sistema de justicia, en relación con el “estándar ideal” establecido por el CIDAC.
A diferencia de los diagnósticos de la Secretaría de Gobernación, menciona que los estados más rezagados son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, CDMX, Jalisco y Nayarit.
El reporte también alerta sobre la insuficiencia de operadores del sistema, tales como asesores de víctimas o “facilitadores”; el “enorme rezago” en materia de capacitación, especialmente de policías; y el retraso “significativo” de la armonización normativa.
Observa que el proceso de implementación se ha llevado de forma aislada, descoordinada y desarticulada tanto en los estados como en la Federación, lo que a su consideración afectará la operación y resultados del sistema.
Estados cumplidores
A 45 días de que venza el plazo para implementar el sistema acusatorio, sólo seis entidades rebasan el 50% de avance: Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Baja California y Durango.