Miembros de la Unión Campesina Obrero Popular Independiente (UCOPI) de San Francisco del Rincón denunciaron a un supuesto estafador.
Las denunciantes declararon que pidieron préstamos y que son cobrados con altos intereses y cifras modificadas por parte del abogado David Martínez Islas.
A las 2:00 de la tarde deudores y avales se presentaron ante el Ministerio Público para ejercer la denuncia correspondiente por las prácticas de cobro del abogado.
En septiembre de 2015 miembros de la UCOPI ya habían presentado quejas contra el mismo, quien en esa ocasión representaba a María Reyna Muñoz, también acusada de estafa.
“El caso es por préstamos de dinero, en los que desgraciadamente la gente firma en blanco y en base a eso este licenciado abusa”, declaró Ana María González, representante de la UCOPI y quien fue autorizada para dar declaraciones en nombre de las afectadas.
Una de las denunciantes dijo que solicitó un préstamo por 2 mil 500 pesos, pero al cobrarle por la vía del abogado, la deuda ascendía a 14 mil.
Otras de las afectadas declaró que se le solicitó que pagara 9 mil pesos, cuando el préstamo original fue de 2 mil 500 pesos.
“Yo soy testigo de cómo a la gente se le prestaba 3 mil pesos y cuando íbamos a negociar (el pago) al despacho de él, los documentos estaban por 15 mil pesos. Nuestra organización quiere mediar con él, pero no quiere; alega que son sus propios clientes quienes se niegan al diálogo”, aseveró la representante de la UCOPI.
Entre las pruebas presentadas al Ministerio Público están actas de embargos y pagarés en blanco firmados por las deudoras; estos últimos González aseguró pueden ser manipulados para que las deudas sean superiores o más antiguas de lo que son en realidad.
“Fue y presionó a mi aval, su hijo dijo que iba a pagar para no tener problemas pero, es mucho más de lo que pedí prestado”, declaró otra de las afectadas.
Cada una de las denunciantes relató casos similares, y según ellas recibieron malos tratos, amenazas y cobros inflados por parte del abogado, por lo que 8 mujeres lo acusaron ante el Ministerio Público por delitos de fraude y usura; el caso ya se investiga bajo el número de averiguación previa 11117.