La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que nació como propuesta de la sociedad civil, no sólo tiró un Presidente en 2015: cambió la cultura nacional.
“Pasamos de una situación de indiferencia, casi de aceptar la corrupción como algo inevitable, a un clamor por que exista probidad en el manejo de los asuntos públicos” dijo a Reforma Luis Linares, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales de Guatemala.
Hasta antes de 2006, cuando el organismo fue creado tras un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, la procuración de justicia en el País padecía un Estado débil y la creciente presencia del crimen organizado en las estructuras de poder.
En sus inicios, el ente investigador, respaldado también por Washington -que desde 2008 le ha donado 36 millones de dólares-, tuvo que sortear una dura oposición de fiscales, jueces, políticos y hasta el Congreso para gozar de credibilidad.
Poco a poco, con reformas legislativas y constitucionales, la CICIG promovió implementar tribunales de alto riesgo, acuerdos judiciales para sospechosos que colaboran con la Fiscalía, la confiscación de bienes, la ley contra enriquecimiento ilícito y las escuchas telefónicas como evidencia.
Lo anterior contribuyó a que, en abril de 2015, la CICIG destapara el caso de defraudación aduanera bautizado como “La Línea”, que provocó la caída del Presidente Otto Pérez Molina.
Pero ése no ha sido su único mérito. Rendición de cuentas, depuración de instituciones, fortalecimiento del Ministerio Público y empoderamiento ciudadano son algunos de los beneficios que ha traído la CICIG, según Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.
“(La CICIG busca) exponer redes criminales y bandas de asesinos trabajando dentro de la Policía nacional, la corrupción del servicio de aduanas, la revelación del financiamiento ilícito de campañas políticas y la malversación de fondos de diputados y Alcaldes”, agregó el politólogo Renzo Rosal.
Pero el éxito podría ser frágil.
“Las redes corruptas siguen actuando en los servicios de aduana (…) y los contratistas gubernamentales todavía se aprovechan de los contratos estatales”, indica la CICIG.
Pero recuperar la confianza y la esperanza de ciudadana son réditos invaluables.
“Que funcionarios corruptos del más alto nivel estén sometidos a proceso, al igual que empresarios, políticos y toda una cadena de cómplices, no se habría logrado sin la presencia de la CICIG”, reconoció Linares.