El trabajo que realiza la Contraloría Municipal no es eficiente porque supervisa a un ente del cual depende, entonces la autonomía es el primer paso para que su papel como fiscalizador de la administración municipal se cumpla verdaderamente.
En eso coincidieron el presidente del Colegio de Abogados de Celaya, Víctor García Barajas y el especialista en Derecho Municipal, Armando Mancera.
Esto luego de que am informó que sólo una investigación ha sido resuelta desde 2012 a la fecha y con una simple amonestación para los funcionarios involucrados, mientras que la nómina de la Contraloría superó los 10 millones de pesos en el 2015.
Para Armando Mancera, la figura de la Contraloría Municipal nunca ha sido eficaz y se hizo más inútil después de que se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica para que la propuesta de los titulares de las Contralorías Municipales no fueran ya de las primeras minorías en los ayuntamientos, antes de ello cuando menos había oposición.
“Le quitó cualquier tipo de eficacia a la Contraloría; el ojo no se puede ver así mismo.
“Le quitas los dientes a la dependencia, realmente no tiene un sentido”, dijo Armando Mancera, resaltando el hecho de hablar de la dependencia en sí y no de las personas que trabajan ahí.
Entonces, para que su función sea legítima, debe ser autónoma e independiente y en lo mismo coincidió Víctor García Barajas.
“Es reiterativo de no hacer las cosas como deben de ser desde un inicio, la Contraloría estuvo designada, estuvo dada en una negociación política y esto perjudica siempre al ciudadano”.
Y los miembros del ayuntamiento deben trabajar para cambiar la situación, de lo contrario se vuelven cómplices.
Si no trabaja que se vaya: Regidora
La regidora Monserrat Vázquez Acevedo, quien es miembro de la Comisión de Contraloría, reconoció que el contralor Municipal José Luis Nájera Arredondo no está haciendo su trabajo como debería e incluso fue omiso en algunas situaciones.
Entonces, si no está dando resultados, señaló que es facultad del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo su destitución.
“Yo no veo que la función de la Contraloría esté cumpliendo con la finalidad y con el espíritu de la Ley que implica el mantener un control y una vigilancia e inclusive una advertencia oportuna para los superiores jerárquicos de los malos manejos que se puedan dar en todas las índoles”, dijo al respecto.
Vázquez Acevedo platicó que desde las primeras reuniones de la Comisión de la Contraloría, se le presentaron numerosas revisiones que realizaba la Contraloría en todas las dependencias.
Pero al cuestionar el número de sanciones que habían sido aplicadas derivadas de las investigaciones, se caían los números.
Y un ejemplo de ello es el desvío por casi 5 millones que se dio dentro del DIF durante los tres años de la administración pasada y que no fue hecho público hasta el cambio de administración.
“Lo único que me da a pensar es que están coludidos o que estaban solapando y Contraloría se volvió un ente de ocultamiento porque hacían el trámite pero no terminaba el proceso de transparentar precisamente haciendo públicas esas irregularidades que iban detectando”, dijo.
Además, recalcó que el hecho de entregar la información obtenida de una investigación al Ayuntamiento no exime al Contralor de poder acudir a otras instancias e implicar otro tipo de responsabilidades, independientemente de la administrativa municipal.
Y esto viene a hacer una omisión por parte del Contralor al no haber dado un seguimiento puntual, pues Nájera Arredondo pudo denunciar el desvío del DIF mucho antes, por citar un ejemplo, dijo.
“En base a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato, continúa esa responsabilidad por parte de la Contraloría por no haber hecho de conocimiento de otras autoridades estos acontecimientos”, detalló.
Sobre el hecho de que no se dé información de procesos que aún no han concluido, Vázquez Acevedo afirmó que el contenido de la información debe ser trasparente y pudiera, por ejemplo, reservarse únicamente el nombre del involucrado por cuestión de datos personales, pero no el contenido de la investigación, pero se requiere de voluntad política.