La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen de punto de acuerdo mediante el cual exhortó a que el Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASEG), realice las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos controlados que hizo la Secretaría de Finanzas en 2013.
De acuerdo con denuncias del Partido Verde Ecologista e investigaciones periodísticas, medicamentos como insulina y productos para la hipertensión arterial fueron adquiridos con un sobreprecio de hasta 300%.
El 25 de mayo, senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición para investigar el caso, que fue turnada a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. El acuerdo fue aprobado por la Segunda Comisión, en un paquete en el que se respaldaron 61 asuntos.
En dicha Comisión participan el senador Juan Carlos Romero Hicks como titular, la ex alcaldesa de León y diputada Bárbara Botello, y Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador panista.
Descartan anomalías
Las licitaciones públicas nacionales realizadas por el estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, se apegan a Derecho y cumplen con todas las disposiciones de ley, respondió anoche mediante un comunicado la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
El comunicado añadió que las empresas que ha contratado Guanajuato son las mismas que a nivel nacional ofrecen los servicios en otros estados, e inclusive quienes participan en la compra consolidada que organiza la Federación para el IMSS, ISSSTE y 18 estados de la República.
“Es importante mencionar que los precios de medicamentos son establecidos por el catálogo único de medicamentos, cuyos precios máximos también son establecidos por autoridades federales, por lo que es imposible un sobreprecio”, añade el texto.
“Lo que adquiere Guanajuato no son medicamentos sino el servicio completo de adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamentos así como material de curación. Esta situación permite llevar los medicamentos a lugares donde ni las propias empresas privadas llevan los insumos por motivos comerciales, por ejemplo: Xixhú, Atarjea, la Sierra de Pénjamo, u Ocampo”, sostiene el Gobierno del Estado.