Que vigilen contratos y no los patrimonios, dice líder del CCE

La clave en la Ley 3 de 3 es transparentar los procesos de contratación de servicios o productos que hace el gobierno con particulares, y no las declaraciones patrimoniales de estos últimos.
Así lo manifestó Enrique Jiménez Lemus, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Celaya, toda vez que senadores aprobaran que los particulares que presten un servicio al gobierno deben hacer sus declaraciones patrimoniales, en el marco de la Ley 3 de 3 del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Yo creo que no debe ser el fondo la declaración patrimonial del empresario, deben ser las medidas de seguridad, de transparencia y de contratación de manera correcta para lograr que ese rubro, que la parte de transparencia en manejos públicos se lleve a cabo de manera correcta.
“El hecho de que el empresario, proveedor de servicios o de algún producto directamente al Estado, tenga que llevar a cabo una declaración (patrimonial) de esta naturaleza, extrapola lo que es el sentido de origen de la propia Ley.
“La parte medular debe estar basada principalmente en cómo contratas, que la contratación se lleve a cabo de manera correcta y que esos recursos públicos se apliquen de manera correcta”, consideró Jiménez Lemus.
Rubén Flores Ruíz, presidente de Círculo de Empresarios Irapuato comentó que la iniciativa debe concentrarse, no en la actividad del particular, sino en la del funcionario público; no obstante sí aprueba que los particulares hagan declaraciones patromoniales.
“Debe tener una especial observación todo el patrimonio del funcionario público y en una segunda instancia seria ya lo de los particulares.
“Estoy de acuerdo en que este tipo de información sí sea proporcionada, entre más transparencia pueda existir entre las actividades y relaciones que puedan tener gobierno y particulares, va a quedar menos duda de la transparencia.
“Me gustaría encontrar la forma nada más de, a lo mejor, proteger algunas características que pudieran poner en riesgo la integridad de la familia”, manifestó Rubén Flores.
Y Jorge Rincón Maldonado, presidente del Círculo de Empresarios Celaya dijo que la declaración patrimonial debe ser de ambas partes, es decir, tanto del empresario prestador de servicios y los funcionarios públicos.
“Estoy totalmente de acuerdo, es una ley que promueve la transparencia, yo apoyo este proyecto y lamento que haya personas que no estén dando su aval.
“Todos los dineros públicos pues son públicos, entonces se tiene que saber origen, destino y todo lo que pasa en estos dos grandes puntos, tiene que ser parejo”, finalizó Jorge Rincón.