Un juez de Distrito absolvió a Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito por 224 millones de pesos, con lo que puso fin al juicio más largo por un delito federal del que se tenga registro reciente.
La Procuraduría General de la República (PGR) ya apeló la resolución y el caso será revisado por un tribunal unitario de circuito en materia penal.
Carlos López Cruz, juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, dictó el 19 de julio la sentencia en la que determinó que la PGR no acreditó los cargos contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas, luego de un juicio cuya instrucción inició en 1996 y terminó a principios de 2013.
La acusación, que llevó al aseguramiento de 41 inmuebles y 12 cuentas bancarias, derivó de una indagatoria de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que a principios del sexenio de Ernesto Zedillo acusó a Salinas de no acreditar el origen lícito del patrimonio que acumuló durante los años en que fue servidor público en dependencias como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
“No quedó demostrado que el enriquecimiento o incremento patrimonial que se le atribuyó a Salinas hubiera sido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público que desempeñaba”, afirmo el juez en su sentencia.
Asimismo, se resolvió que una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, es decir, hasta que sea confirmada por un Tribunal de Apelación, se levantara el aseguramiento de los bienes inmuebles y muebles, así como cuentas bancarias afectas a la causa, y en su oportunidad se enterara de ello a los Registros Públicos de la Propiedad donde se encuentran cada uno de los bienes inmuebles, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La PGR presentó su apelación el 26 de julio
Salinas fue encarcelado en 1995, acusado de ordenar el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, delito del que fue absuelto en 2005.
En ese periodo, el hermano del ex Presidente también libró acusaciones por fraude fiscal, peculado por desvíos de la partida secreta de la Presidencia y lavado de dinero, por lo que el enriquecimiento ilícito era el último proceso en su contra, y luego de casi tres sexenios de actividad judicial, Salinas quedará sin un solo antecedente penal si la absolución es confirmada por el tribunal unitario.
A lo largo de los años, 3 juzgados y 5 jueces distintos estuvieron a cargo del expediente por enriquecimiento, que acumuló 270 tomos y más de 200 mil fojas.
Cuatro días después de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia y al día siguiente de que el Senado confirmara a Jesús Murillo Karam al frente de la PGR, el 5 de diciembre de 2012, la defensa de Salinas solicitó a López Cruz poner fin a la instrucción de su proceso, con número 36/97.
El 22 de enero, la Coordinación General de Investigaciones de la PGR presentó al juzgador sus conclusiones, las cuales fueron de carácter acusatorio.
Es en este documento, que el Ministerio Público Federal solicitó al juez emitir una sentencia condenatoria con pena de prisión en contra de Salinas y sus dos coacusados, Jesús Gómez Portugal y Juan Manuel Gómez Gutiérrez.

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