Sin orden de un Juez, personal del Municipio encabezado por el director jurídico, Ignacio Ramírez Valenzuela desalojaron y tomaron posesión de las antiguas instalaciones de la Feria.
Hace unos días, Ramírez Valenzuela anunció que el Patronato de la Feria cedió la administración de ese inmueble a la Presidencia Municipal.
Y en la tarde de ayer, acudieron para tomar posesión de él sin presentar la orden de un juez, por lo que abogados defensores de Grisel Sánchez, quien rentó las instalaciones en el 2012 al Patronato de la Feria, se opusieron al desalojo.
Ricardo Ruíz, quien se dijo doctor en Derecho y defensor de Grisel, argumentaba que sin una orden emitida por un juez, no podían ni siquiera estar dentro de las instalaciones, mucho menos desalojarlos, y gritaba al Jurídico: “póngase a estudiar primero, lo invito a que se ponga a estudiar, ya está grande para que se ponga a estudiar y no hacer aberraciones jurídicas”.
“Venga a pelear con fundamento legal, no venga a amedrentarnos, porque somos abogados, ¿dónde está la orden?… No procede”, reclamaba Ricardo Ruiz.
Varios minutos después, se hizo uso de la fuerza pública y entre jalones y empujones policías municipales sacaron a los defensores de Grisel Sánchez.
“Lo que vamos a hacer es ir a levantar una denuncia penal, que ya lo hicimos el día de ayer (antier) porque éstas son arbitrariedades de la autoridad, vamos a combatir esta decisión administrativa que ni siquiera es judicial.
“El gobierno está realizando abuso de poder, las repercusiones que pudieran tener, de acuerdo a mi experiencia jurídica es el delito de abuso de autoridad y el delito de daños, porque finalmente existe un contrato, el problema fue con el Patronato y ellos, no con nosotros”.
Tanto Ricardo Ruiz como otros abogados presentes, no sólo llevan en el caso de Grisel Sánchez, sino que también le rentan a ella un espacio dentro del inmueble.
Grisel Sánchez recordó que fue en el 2012 cuando firmó un contrato de arrendamiento con el Patronato de la Feria para la organización de un evento, el cual le fue clausurado ilegalmente poco antes de su realización; luego un juez dictó que podía proceder legalmente para la recuperación de los perjuicios ocasionados y fue como entró en conflicto legal el inmueble.

Defiende bien de dominio público

Por su parte, el director jurídico, Ignacio Ramírez comentó que se trató de un procedimiento administrativo en cumplimiento y ejecución por una orden del Ayuntamiento, mientras que el proceso civil continúa su cauce, entre el Patronato y Grisel.
“Es un bien público que no puede ser explotado por particulares sin una concesión, aquí no había concesión.
“La autoridad administrativa, que es denominado poder ejecutivo, en este caso concreto el Ayuntamiento, tiene facultades y sobre todo hay que entender que se trata de un bien de dominio público, no estamos actuando sobre una propiedad privada.
“Estamos sobre bienes de dominio público con una resolución debidamente fundada y motivada”, explicó Ramírez Valenzuela.
Por último, dijo que el inmueble quedará a resguardo de elementos de la Policía Municipal.

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