El destino de los recursos federales para la seguridad pública de los estados es una incógnita.
Así lo señalaron ayer Alejandro Hope, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad, y María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
Al presentar el estudio “Rendición de cuentas en el uso de los fondos federales para la seguridad pública de los estados y el DF”, advirtieron que las entidades no informan o informan poco sobre cómo ejercen el gasto y hay adquisiciones con documentación que no avala su legalidad.
Anotaron que en el gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el DF se dan prácticas discrecionales que evitan que se conozca, por ejemplo, la calidad de los chalecos antibalas, uniformes, radios, botas y escudos.
“Aun conociendo los precios de lo comprado, es imposible evaluar la calidad porque las características de los bienes no son públicas y por lo tanto no se pueden hacer comparaciones; de hecho, no sabemos si existe un catálogo de bienes que detalle el equipo que se puede comprar con recursos del FASP”, reprochó Morera.
El estudio tomó como muestra a 10 entidades, de las cuales Colima, DF y Durango salieron mejor libradas en la rendición de cuentas, aunque no al 100%.
Los estados críticos, fueron Guerrero, Morelos y Tabasco.
Ocultan estados gasto para seguridad
El destino de los recursos federales para la seguridad pública de los estados es una incógnita.