Seis empresas del transporte público, que no están dentro del convenio de modernización, demandaron al Gobierno Municipal por fraude cometido el año pasado e implica la separación del cargo de los involucrados.
Además, no se pueden licitar las concesiones hasta que se resuelvan los procesos legales, así lo aseguró Arturo Raúl Tamayo Hernández, representante legal de las empresas Puerta de Oro del Bajío, San Miguel Octopan, Omnibus Urbanos y Suburbanos, Tamayo, Auto Diamante y Supacel, que hacen alrededor de 200 unidades.
Tamayo Hernández aseguró que en la mañana de ayer presentaron una demanda ante el Juez Sexto de Distrito en contra del Gobierno Municipal por haber entregado concesiones en 2015 a la empresa Enrique Velasco Ibarra mientras se tenía un proceso legal abierto y sí se negó entrega de concesiones a la empresa Supacel, bajo el argumento de tener un proceso legal en curso.
“En este documento estamos denunciando a las autoridades ante el órgano jurisdiccional federal del juzgado sexto de distrito.
“El hecho es de que ellos incumplieron porque entregaron las concesiones a una empresa sin antes estar resuelto el juicio. Están cometiendo un fraude procesal”, dijo.
Lo anterior involucra a la Dirección de Movilidad y Transporte, siendo Carlos Ruiz León el titular, al Secretaría del Ayuntamiento dirigida por Francisco Israel Montellano Rueda, a la Dirección Jurídica que lidera Ignacio Ramírez Valenzuela y al propio alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo.
Las consecuencias pueden ser la destitución del cargo de quienes resulten responsables, sanciones de 3 a 6 años de inhabilitación y de cien a mil salarios mínimos, aseguró Tamayo Hernández.
Agregó que todas las denuncias que se presentan en contra del Gobierno Municipal quedan en el olvido y nunca se resuelven.