La cadena de fallas que liberaron a Caro

Cuando Rafael Caro Quintero escuchó su sentencia a 40 años de prisión, era imposible prever que su alegada víctima, el agente de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, terminaría siendo una atenuante para salir de forma anticipada de prisión.
La madrugada del viernes 9 de agosto, a los 60 años de edad (28 de ellos en prisión), el fundador del desaparecido cártel de Guadalajara, sentenciado por el secuestro y asesinato del agente estadunidense, quedó en libertad por orden de la justicia federal. La razón: Camarena no estaba acreditado diplomáticamente como agente de la DEA, aunque operara desde el consulado de Estados Unidos en Guadalajara.
Su muerte, por lo tanto, no debió ser juzgada por la justicia federal, sino por un juez del fuero local, en particular de Jalisco, donde ocurrió el secuestro y homicidio del agente estadunidense el 7 de febrero de 1985, aunque su cuerpo se encontró en un rancho del estado de Michoacán.
De acuerdo con los resolutivos del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Jalisco (derivados de un amparo concedido a Caro Quintero dos días antes -el miércoles 7- por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito), el agente de la DEA actuaba en territorio mexicano sin reconocimiento diplomático del Gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de informar de la resolución, no fue explícito respecto de la condición en que se encontraba el agente de la DEA en México.
En el punto cuarto del comunicado difundido el viernes, señala que en cumplimiento de lo ordenado al Tribunal Unitario por el Tribunal Colegiado se declaró el sobreseimiento de la causa penal 82/85-II. Es decir, que se daban por terminadas las acusaciones por los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, y homicidio calificado cometidos en agravio de Enrique Camarena Salazar y de Alfredo Zavala Avelar, el piloto que acompañaba al agente.
El argumento fue que los tribunales federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer de esos ilícitos, que caen en la jurisdicción de la justicia local, por lo que no debieron ser sancionados por el entonces Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco.
En junio de 2009, esa instancia federal condenó a Caro Quintero y a Ernesto Rafael Fonseca Carrillo Don Neto a 40 años de prisión por la muerte de Camarena, a pesar de que se trataba de un homicidio del fuero común.
Por ese error procesal, Caro Quintero, nacido en octubre de 1952, obtuvo la libertad inmediata en el delito más grave en su contra. Esto le permitió salir del penal de mediana seguridad en Jalisco a donde había sido trasladado en mayo de 2010 desde Puente Grande. Ese mismo principio de incompetencia del fuero federal aplicaría para Don Neto, quien junto con Caro y Miguel Ángel Félix Gallardo encabezaron el cártel de Guadalajara.
Ante las versiones de que Don Neto había sido liberado, el CJF informó de manera extraoficial que el narcotraficante sigue preso en el penal de Puente Grande, en Jalisco. El abogado del narcotraficante, José Luis Guízar, aseguró que, al igual que Caro Quintero, su defendido quedó libre la madrugada del viernes y se trasladó a la Ciudad de México para revisión médica.
El CJF sólo confirmó la liberación de Caro Quintero, quien además del sobreseimiento por el caso Camarena logró otras cinco órdenes de liberación: una porque ya purgó la pena de 15 años por delitos contra la salud, otra porque se le absolvió de la muerte de los estadunidenses G. Radelat y John Clay Walker, otra porque ya se le había absuelto de la privación ilegal de la libertad de 4 mil trabajadores del rancho El Búfalo, en Chihuahua; una más porque los delitos de los que se le acusaba no formaron parte del auto de formal prisión, y uno más porque el Ministerio Público federal no acreditó el delito de asociación delictuosa.
En cada uno de los casos, el Consejo de la Judicatura Federal se curó en salud al aclarar que se le liberaba “siempre y cuando no exista causa legal diferente que lo impida”. La cautela tiene un motivo: el interés de Estados Unidos de llevárselo y juzgarlo allá “por los crímenes que ha cometido”, según advirtió la DEA en un comunicado el mismo viernes.
El CJF también subrayó que la liberación es “única y exclusivamente en lo que se refiere a Rafael Caro Quintero”, a quien se le concedió la protección y amparo de la justicia de la Unión por el Tribunal Colegiado en el recurso número 180/2011.
En el caso de las muertes de Radelat y Walker –el 30 de enero de 1985, por las que también había sido condenado a 40 años– la justicia federal determinó que se le juzgó con un criterio legal distinto al que estaba vigente al momento de los hechos.
Sobre la privación ilegal de la liberad de 4 mil campesinos a los que según la acusación había obligado a trabajar en el rancho El Búfalo para sembrar marihuana, el Tribunal señaló que el ex narcotraficante ya había sido absuelto en otra causa penal.
Sobre la acusación de delitos contra la salud en las modalidades de siembra, cultivo y cosecha de marihuana y de su posesión con fines de tráfico, dijo que esos hechos ocurridos en los ranchos Los Juncos y Montesco (Chihuahua) en 1984 no fueron materia del auto de formal prisión.
Asimismo, lo absolvió del delito de asociación delictuosa debido a que la Procuraduría General de la República no lo acreditó. Esa acusación era la que se establecía en casos de narcotráfico pues no existía en la legislación mexicana el delito de delincuencia organizada, vigente desde 1996.
Después de 28 años de prisión, el Tribunal confirmó que el delito del que Caro Quintero sí fue responsable fue contra la salud en su modalidad de siembra, cultivo y cosecha de marihuana y posesión de la misma droga con la finalidad de tráfico, perpetrado en 1984 en la comunidad denominada El Búfalo y en los campos que la integraban, conocidos como rancho Ojo de Agua, cerro El Mogote, rancho Santa Cruz y rancho San Rafael, en el municipio de Jiménez, en Chihuahua.
Por esos hechos fue condenado a 15 años de prisión y una multa de 1 millón de viejos pesos, pero “en la inteligencia de que en estricto cumplimiento al fallo protector, se declara compurgada la sanción privativa de la libertad y prescrita la multa”. Es decir, que el capo ya había pagado ese delito desde hace 13 años.
La ira de Estados Unidos
El agravio que representó para el Gobierno de Estados Unidos el asesinato del que estaba considerado uno de los principales agentes de la DEA para México y América Latina se acrecentó con la liberación de Caro Quintero, a pesar de que la Administración estadunidense –en franca violación de la soberanía mexicana– organizó operativos para secuestrar en México y llevarse a varios inculpados del asesinato de Camarena, entre ellos el doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de asistir médicamente en la tortura del estadunidense.
En un comunicado difundido horas después de que se conoció la liberación del otrora capo más importante de México, la DEA expresó su “profunda decepción” por el fallo de la justicia mexicana, pero advirtió que “continuará de manera vigorosa con los esfuerzos para garantizar que Caro Quintero sea juzgado por la justicia de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido”.
El asesinato de Camarena ha significado una de las etapas más difíciles de la relación entre México y Estados Unidos. A las presiones gubernamentales se sumaron las de la prensa estadunidense, que se dedicó a exhibir la connivencia del Gobierno mexicano con el narcotráfico.
El periodista James Mills escribió el libro El imperio subterráneo, donde la delincuencia y los gobiernos se abrazan, publicado en 1986 y que estuvo dos meses consecutivos en la lista del periódico The New York Times sobre los libros más vendidos en Estados Unidos. El libro hace un recuento del narcotráfico internacional, en el que Colombia y México ya aparecen como protagonistas, en momentos en que Miami era el gran centro de recepción de la droga y lavado de dinero en Estados Unidos.
En el caso de México, pone el acento en el asesinato de Camarena. Apoyado en informes de la DEA, exhibe la protección que los narcotraficantes mexicanos disfrutaban de las ya desaparecidas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF). La DFS era la Policía secreta del régimen priísta, que estaba bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación (Segob). Fue disuelta en 1985 tras el asesinato del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de ese año. Fue reemplazada por lo que ahora es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), también adscrito a la Segob.
La Policía Judicial Federal pertenecía a la PGR y fue reemplazada en 2001 por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el gobierno de Vicente Fox, a propuesta del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En el sexenio pasado, la AFI fue reemplazada por la Policía Federal Ministerial, que sigue dependiendo de la PGR.
Las informaciones de la DEA citadas por Mills señalaban a la DFS y a la PJF como los grandes protectores del cártel de Guadalajara. La PJF se hizo cargo de las investigaciones del secuestro de Camarena al día de su desaparición. El responsable fue el comandante Armando Pavón.
El periodista estadunidense refiere que, en plena persecución de Caro Quintero, Pavón acudió con agentes de la DEA al aeropuerto de Guadalajara ante la información de que el capo saldría en un vuelo privado: “Al llegar, 10 hombres vestidos de civil, con ametralladoras AK-47, rodearon un jet que estaba a punto de despegar. Ante la sorpresa de los agentes de la DEA, el comandante Pavón conversó amigablemente con el líder de esos hombres, con quien se apartó de la vista de los agentes de la DEA y se fue al otro lado del aparato. Los dos hombres regresaron, se despidieron de mano y se abrazaron. Varios de los oficiales de Pavón se acercaron a los guardias del jet y se despidieron cordialmente”.
Pavón les dijo a los agentes de la DEA que los hombres armados que vigilaban el jet eran agentes de la DFS. Pero el hombre con el que había hablado Pavón era Caro Quintero, quien según la DEA le ofreció a Pavón un pago de 300 mil dólares por dejarlo ir.
De la alegada protección gubernamental, Mills refiere que cuando la DEA buscó en el departamento de otro de los principales sospechosos del asesinato de Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo, encontraron una fotografía del agente estadunidense. “La fotografía había sido tomada de la oficina de la Policía Judicial Federal en Guadalajara”.
Cuando para la DEA era claro que funcionarios del Gobierno de México pudieron estar detrás del asesinato de Enrique Camarena, la administración antidrogas anunció a todas sus oficinas en el mundo que “todas las llamadas de México deberían ser consideradas comprometedoras”. La DEA se declaró en guerra, dice el periodista.