El PRI busca fiscalizar al Gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
La bancada tricolor en la Comisión Permanente presentó la semana pasada seis puntos de acuerdo en los que demandan investigaciones penales y administrativas de diversos hechos y informes sobre acciones de la pasada Administración.
Entre las peticiones de informes enviadas a diversas comisiones destacan dos en materia de seguridad.
Una, sobre la desaparición de personas y otra referente al impacto de los programas de testigos protegidos durante las administraciones de Calderón y Vicente Fox.
En la primera piden al procurador Jesús Murillo Karam realizar las investigaciones y, en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra servidores públicos que obviaron las denuncias de desaparición de personas.
En el caso de los testigos protegidos, los priístas pidieron un informe detallado sobre el programa que califican de irresponsable, al hacer un recuento de casos en que por supuesta información de testigos se encarceló a personas que después fueron puestas en libertad por falta de pruebas.
La exposición de motivos subraya que el programa de testigos protegidos ha demostrado ser ineficiente para proteger a las personas que deciden colaborar con el Gobierno federal.
Otra de las proposiciones presentadas por los priístas, aprobadas sin discusión, es que la Secretaría de la Función Pública investigue la inversión de mil 105 millones de pesos de la Sedesol en Michoacán, dos meses ante de las elecciones de 2012.

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