Salir de la guerra para llegar a la industria textil ilegalmente. Ésa es la historia que ha difundido la BBC con una reciente investigación.
En ella, se muestra cómo marcas internacionales de ropa se benefician con la llegada de refugiados a Europa, utilizándolos para aminorar sus costos, haciéndolos trabajar en condiciones inhumanas.
Los migrantes llegan al continente europeo buscando oportunidades, arriesgando su vida y buscando realizarse, para encontrar en los países a los que llegan esclavitud y condiciones indignas en trabajos ilegales que les dan apenas lo necesario.
Las marcas españolas y británicas dan trabajo a los refugiados, tanto adultos como a menores de hasta 15 años, usándolo como mano de obra muy barata y casi esclavizándolos.
Los empleados pueden cobrar alrededor de 1.21 dólares por hora (poco más de 20 pesos) en los talleres de Turquía, donde se produce la ropa de las españolas Zara y Mango, y de las británicas Marks & Spencer y Asos.
Según la BBC, los refugiados llegan a trabajar hasta 12 horas por día, “con sueldos irrisorios y condiciones de vida terribles”. En sus jornadas, tiñen pantalones, usando productos químicos sin llevar ningún equipo de protección, en una muestra de su vulnerabilidad. Aunque no es la única.
Al darse a conocer esta información, las marcas implicadas, como era de esperarse, se desmarcaron de toda responsabilidad. Mango explicó que la empresa no había sido contratada por ellos directamente y que, al inspeccionar, no hallaron ningún trabajador sirio.
Zara, propiedad de Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, aseguró que inspecciona regularmente las condiciones de sus talleres y que las mejoras se realizan en el presente, con plazo hasta diciembre.
Por su parte, Marks & Spencer tildó de “extremadamente serio e inaceptable” el tema, y anunció que dará trabajo permanente a cualquier sirio que haya estado en el taller mencionado en la investigación. “El comercio ético es fundamental para M&S”, afirmó la marca británica.
Sin embargo, las explicaciones no resultan satisfactorias para el observador del Centro de Recursos de Derechos Humanos y Negocios, Danielle McMullan, quien aseguró: “No es suficiente decir que no sabían lo que ocurría. Tienen la responsabilidad de supervisar y de entender dónde se hacen sus prendas y en qué condiciones se hacen”.