Pequeños curtidores acusaron a líderes de la Asociación de Industriales de la Curtiduría (Adicur) de vender protección a cambio de cuotas mensuales y participar en marchas cuando se les requiera.
Señalaron que les obligan a pagar cuotas de inscripción hasta por 18 mil pesos y pagos mensuales por 500 pesos para estar afiliados a la organización.
Además, que ya les avisaron que las cuotas aumentarán a 1 mil pesos.
Los pequeños curtidores, que se negaron a revelar sus nombres y los de sus negocios, manifestaron que las cuatro curtidurías cuyas descargas de aguas residuales han sido clausuradas, no estaban afiliadas a ninguna organización.
En cambio, señalan, las que están afiliadas a la Adicur, a pesar de que ya habían sido notificadas, no fueron clausuradas, debido a que los propietarios solicitaron la intervención de la asociación para operar los procesos húmedos, por lo menos otros seis meses y las autoridades accedieron.
Denunciaron que incluso los dirigentes de Adicur, José Rodolfo Rodríguez Martín, presidente de la Junta Directiva; Fernando Pérez Robles, secretario; José Luis Barrón Guerrero y Juan José Sánchez Rivera, ni siquiera son curtidores ni tienen un domicilio fijo.
Ante las autoridades municipales, Rodolfo Rodríguez dio como domicilio de su curtiduría la calle Pino No. 103, en La Garita. Sin embargo, los vecinos del lugar señalaron que hace años que el lugar dejó de ser tenería y que ahora es una bodega y estacionamiento.
En las mesas de trabajo, los representantes de Adicur dan como domicilio bulevar Juan Alonso de Torres No. 1443, dirección que señalaron es un “Argus Business Center” donde se ofrece asesoría y protección jurídica a los pequeños curtidores.
Adicur surgió a raíz de los conflictos suscitados en 2010 y 2011, cuando SAPAL inició procesos contra curtidurías contaminantes.
Los representantes de Adicur estuvieron ausentes por varios meses de las mesas de negociaciones en las que participan SAPAL, la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur) y la Cámara Nacional de la Curtiduría (Canalcur). En julio se reincorporaron.
Desmiente imputación
El presidente de la Adicur, José Rodolfo Rodríguez Martín, negó que vendan protección.
“Ya quisiera que pagaran los 250 pesos mensuales que se les cobra, pero ni eso pagan. Nosotros no cobramos ni un cinco por nuestras actividades, no sacamos ni para la gasolina. No tienen ni vergüenza”.
Reconoció que cuentan con 160 agremiados, que si pagan 250 pesos mensuales, suponen un ingreso de 40 mil pesos.
Rodríguez reconoció que no tiene curtiduría.
“Tengo muchos lugares donde puedo curtir. Actualmente estoy maquilando en tres tenerías, pero eso no es motivo para que sea representante de Adicur. ¿O qué no ha sido efectivo mi trabajo como presidente?”.
Sobre las curtidurías que estaban programadas para ser clausuradas esta semana y que a última hora llegaron a convenios, presuntamente por intervención de Adicur, dijo que se pagaron cuotas pendientes a SAPAL y se dio un plazo de seis meses.
“Todo está en lo que debe ser”, acotó Rodolfo.
Rechaza SAPAL que ceda a presiones
Al menos la mitad de los 178 curtidores que contaminan todavía en la mancha urbana, ya firmaron convenios con SAPAL para que en seis meses desincorporen los procesos húmedos.
El director del organismo, José Enrique Torres López, aseguró que no hay privilegios y que han comenzado a llevar a cabo inspecciones con las curtidurías que tienen ya firmados convenios para verificar que cumplan.
Reconoció que Adicur ha querido imponer condiciones a las autoridades, incluso hasta de fijar fechas de inspección, pero sostuvo que no se lo han permitido.
Torres López manifestó que se han firmado acuerdos por seis meses para que los curtidores desincorporen sus procesos húmedos o bien instalen plantas de retratamiento en las curtidurías, lo que resulta poco viable por lo costoso que resulta un proceso.
Manifestó también que en los convenios que han firmado con Adicur, éstos se comprometieron a presentar un programa sustentable para las curtidurías, pero no lo han hecho.
Sobre las “rentas” o “cuotas” fijas que según denuncias cobran los líderes de Adicur para que SAPAL no aplique el reglamento, se abstuvo de hacer comentarios.
“Lo único que queremos es que cumplan con los convenios y tienen ya un plazo firmado, y si no cumplen vamos a proceder”, dijo enfático.
Subrayó que el único interés de SAPAL es que se desincorporen los procesos húmedos de la zona urbana y que las tenerías se concentren en un solo lugar para poder tratar las aguas contaminadas con sulfuros y cromos.
“De hecho ya comenzamos a dar seguimiento a los convenios. Tienen que cumplir. Estaremos haciendo pruebas de laboratorio al agua que desechen”.
Detalló que por el momento 85 curtidurías ya tienen convenios con SAPAL, entre ellas las 29 contra las que ya había un dictamen jurídico para proceder en su contra.
“O cierran o firman convenios. Se les harán visitas constantes”.
El funcionario reconoció por otra parte que hay curtidores que tienen adeudos muy altos y para llegar a los convenios tienen que liquidarlos primero.
Durante julio, SAPAL clausuró tres curtidurías y con una más se llegó a un convenio, un negocio que se encuentra afiliada a Adicur.
En la presente semana se tenían programadas otras seis clausuras y sólo una se concretó.
Con las otras cinco tenerías se llegó a un convenio.