La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) exigió al Gobierno y al Congreso frenar la corrupción que impera en la entrega de contratos para la construcción de obras públicas.
Durante un foro convocado por el Senado, el dirigente de la organización, Francisco Gallo Palmer, demandó poner fin al fondo de los “moches” que se reparte en la Cámara de Diputados y que este año alcanzó los 10 mil millones de pesos.
“¿Cómo podemos hacerle para que el Presidente de la República elimine la facultad de entregarles a cada diputado federal 20 millones de pesos para que ejecuten obras en sus distritos?”, cuestionó.
“Se llevan 10 mil millones de pesos del Presupuesto federal para hacer obra a discreción y consideramos que no es justo. Lo que vemos es un acuerdo político para dar dinero a los 500 diputados que, por cierto, hace dos años, no eran constructores”.
El foro “Desarrollo y Fortalecimiento de las Mipymes de la construcción” convocó a legisladores y constructores de esta organización que representa a 2 mil constructores de 30 estados y al que acudieron unos 200 constructores.
Otro de los planteamientos fue que los 45 Testigos Sociales sean asignados a vigilar también las obras pequeñas y no sólo las que rebasan los 800 millones de pesos, como establece la ley.
“Dejamos toda la facultad de decidir qué empresa ejecuta una obra a una sola persona y obviamente invitan a sus amigos”, dijo Francisco Gallo Palmer, presidente de la AMIC.