El abogado de los padres de los normalistas desaparecidos reveló que al interior evalúan llamar a un boicot de las elecciones de 2018
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa valoran si llaman o no a un boicot electoral para las elecciones presenciales de 2018, informó su abogado Vidulfo Rosales.
El defensor aceptó que convocar a un boicot puede generar fracturas al interior del movimiento porque algunos familiares de los desaparecidos creen en las elecciones.
Además, expuso que no cuentan con medios de comunicación que lleguen a toda la ciudadanía, por lo que sería difícil que el electorado participe en interrumpir las votaciones.
“No hay consensos todavía. Es algo que se tiene que seguir platicando (…) estamos analizando si se boicotea o no se boicotea, pero no es la apuesta.
“La apuesta política del movimiento de los padres de familia no es en esa ruta, es mantener la exigencia genuina de la aparición con vida”, sostuvo tras participar en una conferencia de prensa donde se convocó al Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo de México.
Rosales recordó que el boicot de 2015 fue costoso por el saldo de muertes y presos que se registraron.
Ni partidos ni independientes
El abogado dijo que no creen que el cambio de sistema político no vendrá de los partidos políticos ni de los candidatos independientes.
Consideró que hay una crisis de municipios, gubernaturas, congresos y de la Presidencia de la República.
“Son instituciones que están colapsándose, son instituciones que están en un quiebre, en una crisis tremenda. Respetamos mucho las candidaturas independientes, de todas, incluida la de Emilio Álvarez Icaza. Emilio no tiene nada qué ver con nosotros”, sostuvo.
Candidatos de la delincuencia
El activista consideró que la delincuencia organizada será un actor preponderante en las próximas elecciones presidenciales.
Agregó que en el País hay territorios gobernados por el crimen organizado, donde los candidatos los deciden los criminales.
“Hoy en día hay que llevar dinero para hacer una campaña y el que tenga más dinero es el que tiene más perspectivas de triunfo”, enfatizó.
También abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rosales aseguró que la ley de seguridad interior legaliza las violaciones a los derechos humanos. Explicó que de aprobarse esta legislación es posible que existen más casos como Ayotzinapa y Tlatlaya.
“Primero debe esclarecerse la participación del Ejército en estos casos y luego hacer justicia y sancionar a los los responsables del Ejército.
“Hay qué hacer una reflexión de cómo se mejora la Policía y como regresa el Ejército mexicano a sus tareas fundamentales y originales”, señaló.