Estados Unidos dejó plantada ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La delegación de EU rechazó a última hora asistir a una audiencia programada hace semanas para debatir el impacto de tres polémicas órdenes ejecutivas impulsadas por Donald Trump.
La ausencia, la primera de EU en más de 10 años, se comunicó a la organización pocas horas antes del encuentro.
Autoridades del Departamento de Estado de EU alegaron “motivos legales internos” como razón para ausentarse a un evento anual que cita a Gobiernos y grupos civiles para debatir la situación de derechos humanos.
Las autoridades añadieron que los temas que trataban las sesiones eran asuntos sensibles para el País, según una fuente cercana a lo sucedido.
Los asuntos a debatir se centraban en el impacto sobre los derechos humanos en EU de tres órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, imponen un veto migratorio a seis países de mayoría musulmana, detallan un plan para expandir y facilitar los procesos de deportación a indocumentados, y aprueban acelerar las revisiones medioambientales que frenen grandes proyectos de infraestructura.
Para grupos de sociedad civil convocados, la ausencia simboliza un comportamiento peligroso equiparado con el de regímenes autoritarios.
Piden suspender muro
Un grupo de 24 senadores demócratas respalda un proyecto de ley que busca suspender el decreto del presidente Trump de construir el muro fronterizo.
La iniciativa, respaldada por media bancada demócrata, tiene escasas opciones de avanzar en el Congreso, dado que los republicanos tienen mayoría; pero refleja le beligerancia demócrata contra la política migratoria de Trump.
La propuesta fue impulsada por el senador Tom Carper, y tiene apoyo de destacados legisladores, como Bernie Sanders.
“Gastar miles de millones de los contribuyentes para amurallar el resto de la frontera es un gasto exorbitante y un sustituto ineficaz a un enfoque inteligente y gradual a la seguridad fronteriza”, señaló Carper.
El proyecto de ley pide rescindir la orden de Trump firmada el 25 de enero, autorizando el inicio de la construcción del muro, y aumentando el número de agentes fronterizos y las deportaciones masivas. (El País)