La iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, que entregará mañana la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local a la Mesa Directiva, contempla establecer los candados para que funcionarios que quieran reelegirse no puedan utilizar los recursos institucionales con fines de promoción electoral.

Sin embargo, la propuesta legal que trabajan de forma colegiada los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política no dice cuáles podrían ser estos mecanismos.

Aunque se especifica que con el objetivo de evitar el mal uso de los recursos públicos se plantea que los presidentes municipales que pretendan su elección consecutiva tengan la obligación de separarse de su cargo 90 días previos al de los comicios.

Los diputados, síndicos y regidores no estarían obligados a dejar el cargo, pero no se especifica de qué manera se pondrían restricciones a los recursos que reciben del erario para apoyos sociales.

“Los diputados, alcaldes, síndicos y regidores que participen en los procesos de selección interna de los partidos políticos no podrán utilizar los recursos institucionales con fines de promoción personalizada y se establecerán las medidas conducentes para que durante el proceso electoral no puedan tener acceso a recursos destinados a apoyos sociales, ni al uso de recursos propios de su función para actos de proselitismo”, dice la propuesta legal.

La iniciativa contempla establecer todas las reglas en materia de reelección a nivel estatal y clarificar la obligación que tendrían los partidos políticos de garantizar que los diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan una elección consecutiva, participen en los procesos internos para selección de candidatos.

En materia de paridad de género se establece como un deber de los partidos políticos definir y publicar los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional.

“No sólo ello, sino que también planteamos la obligación de parte de los propios partidos para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional”, se señala.

De acuerdo con nuestra iniciativa de reforma, las planillas de candidatos a integrantes de Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional deberán estar integradas de manera paritaria y alternada entre géneros, comenzando desde el candidato a Presidente. Del total de estas planillas, 50% deberá estar encabezado por personas del mismo género.

Además se refrenda la obligación de los partidos políticos a elaborar y entregar informes sobre origen y uso de sus recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), así como cumplir con las obligaciones que les impone la legislación en materia de transparencia y acceso a su información.

Desde la reforma política-electoral realizada en 2014 en la entidad, a consecuencia de los cambios que hubo en el tema a nivel nacional se estableció la posibilidad de reelección en los comicios de 2018, pero no se clarificó su reclamación.

Incumplen contralores municipales

Para la local diputada panista, Beatriz Hernández Cruz, las contralorías municipales han estado cumpliendo con la labor preventiva en materia de fiscalización de forma “parcial”.

Por ello dijo que es importante que en el Sistema Estatal Anticorrupción se incluya un mecanismo para que se corresponsabilice a los funcionarios que cometan estas omisiones y además que se revise el mecanismo a través del que se designa este cargo.

“Creo que ha sido de una manera un poco parcial porque sino no tuviéramos tantos señalamientos que hace el Órgano de Fiscalización y no tuviéramos esos problemas de denuncias penales y de actos civiles y de juicios administrativos que actualmente se tiene”, comentó.

En este sentido, la legisladora consideró que los contralores municipales sean corresposables por omisiones que puedan cometer en su función y además aceptó que sería positivo que se revisara el mecanismo a través del que actualmente se elige a los funcionarios.

“Me parece que dentro de toda la reglamentación que se está haciendo sí se tendría que definir con mucha claridad alguien que tenga conocimientos del manejo administrativo, no necesariamente una carrera en específico”, finalizó.

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