El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para desaparecer del Código Penal el delito de ofrecer el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija y del servicio de transporte especial ejecutivo, sin contar con concesión o permiso.
Se trata de una modificación al artículo 235 Bis del Código Penal, eliminando la prestación de dicho servicio del catálogo de delitos.
“Nos parece que es un exceso, nos parece que ya de por sí ya está convulsa en cuanto al servicio de taxis y el servicio ejecutivo y que ha quedado evidente que la autoridad siente complicada de ejercer todas sus atribuciones de ley, entre las cuales está el ejercicio de la acción penal, porque hay una clara conciencia por todos de que esta actividad catalogada como delitos es un exceso”, dijo Beatriz Manrique Guevera, diputada del PVEM.
La legisladora local consideró que la existencia de este delito no se justifica porque no hay un valor jurídico tutelado, comparado con los que se tutelan en el Código Penal, la propiedad, la libertad, la vida y otros bienes.
“Creemos que es un exceso, ya lo habíamos propuesto en el mes de marzo del año pasado y venimos a traerlo nuevamente porque me parece que hay evidencia suficiente de que esa ley, ni la autoridad se siente bien teniéndola ahí porque es una ley muerta, pero que sirve como amenaza”, añadió.
Aseguró que desde que se aprobó la Ley de Movilidad para el Estado, no se ha aplicado esta disposición para ninguna persona. Las autoridades del Instituto de Movilidad sólo han reportado el aseguramiento de unidades del servicios, pero no castigos de cárcel para concesionarios.
Consideró que no se puede “criminalizar” el trabajo y que las sanciones para este ejercicio del servicio sin permiso deben ser como una falta administrativa.
Durante la presentación de la propuesta, Manrique Guevara recordó que en días pasados, prestadores del servicio de taxi se manifestaron en contra de una empresa prestadora del servicio de transporte especial ejecutivo en el estado y que estas protestas fueron acompañadas de mensajes y amenazas a los choferes prestadores del mencionado servicio y a sus clientes.
“Esta Legislatura, en serio sentido de autocrítica y buscando fortalecer la labor legislativa, modificó la ley para que las leyes sean revisadas de manera periódica, y en ese mismo espíritu es que ponemos a consideración de esta Asamblea un proyecto que dé certeza a los prestadores de servicio, confianza a los clientes, un marco regulatorio que se encuentre dentro del rango de punibilidad y, al final, una mejora a una ley que refleja el gran sentido de desarrollo que tiene el estado”, enfatizó frente a los diputados locales.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.