Ve diputado insuficientes 36 horas de arresto a conductores ebrios

36 horas de arresto administrativo no son suficientes para castigar a quien conduzca en estado de ebriedad, consideró el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, aunque celebró que  se implementen más sanciones para quienes lo hagan.
Se prevé que en la sesión de pleno del Congreso local de hoy se apruebe la iniciativa que contempla el arresto por 36 horas en ‘toritos’, áreas específicas que deberán ser adaptadas por los municipios. Para ello tendrán un plazo de un año.
El legislador aseguró que en la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad él propuso una pena de 15 días de cárcel y no arresto administrativo para conductores ebrios.
“Cuando se suma un volante, cuando ya toma responsabilidad de una unidad, debe ser un tema completamente diferente, mi propuesta original como grupo parlamentario es que fueran 15 días en la cárcel sin salir, no en un torito, en la cárcel, llamarle por su nombre y que se le quitara la licencia y que si había sido en una casa particular también se sancionara la casa particular porque hay evidencias en el mundo que ha funcionado, pero aquí no se quiere”, dijo.
Ramírez Barba agregó que es positivo que la posibilidad de sanciones se haya establecido en una ley estatal y no en reglamentos municipales.
“… Como esa es una atribución del ámbito municipial, por eso tiene la relevancia de haber subido a la ley estatal y que no que quedara al arbitrio de los municipios en donde los cabilderos locales dicen ‘si haces eso no vamos a vender’”, señaló.
Resaltó que el consumo de alcohol no sólo está relacionado con accidentes viales sino con violencia y suicidios.
“Hoy conocemos datos duros de León, que es donde se conocen porque sólo se conocen de cuatro municipios, en donde ni siquiera sabemos que podemos medir la manera en la que toman alcohol, que de los que son detenidos el 80% casi va con aliento alcohólico, y 30% ebrios completos”, indicó.
Sin embargo dijo que independientemente de la creación de nuevas leyes es necesario que la sociedad participe en conjunto con propuestas para definir que tendría que hacerse con una persona que incurre en esta falta.