Socios-conductores de Uber demandan al Instituto de Movilidad del Estado que ponga fin a la cacería desatada en su contra, las agresiones de otras agrupaciones de taxistas y se les dé la oportunidad de obtener un permiso para el servicio de taxi ejecutivo.
Señalaron que el Gobierno antepone acuerdos económicos y políticos con líderes y agrupaciones de taxistas que se han visto beneficiados con permisos, presuntamente a cambio de favores en campañas electorales.
“Nosotros no robamos, no salimos a las calles a delinquir, somos uno de los servicios de transporte más seguros de la ciudad y del mundo”, dijo Carlos Ismael Blas Sánchez, quien es socio de Uber y conductor de su propio carro.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron además Gabriela Chávez Alvarado, Guillermo Hill Marcial e Isidro Martínez López, que dijeron ser representantes de un grupo de 80 socios de Uber, señalaron que están en contra de la violencia y las agresiones.
“Uber es un servicio con estándares internacionales, nosotros como ciudadanos y como prestadores de este servicio estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violencia.
“Estamos abiertos a la competencia y al valor agregado, sumándonos a la dinámica económica global que busca el desarrollo y la prosperidad de nuestra ciudad”, dijo Hill Marcial.
Agregó que cuando entraron como socios de Uber no estaba vigente la Ley de Movilidad, por lo tanto no se les exigían los permisos que ahora les piden en los operativos realizados.
“La situación es que no tenemos una salida para llegar a una solución. No entendemos porqué nos están deteniendo. El servicio de Uber es un acuerdo entre particulares. Uber no es un taxi ejecutivo. De acuerdo al servicio que prestamos, entre particulares, no necesitamos un permiso”, aseguró Hill Marcial.
Reiteraron que no están fuera de la ley, ni son “piratas”, pues la nueva Ley de Movilidad que otorgó 1 mil 401 permisos para taxis ejecutivos, a ellos no les dio la oportunidad de obtener alguno.
“Nosotros no buscamos estar en la irregularidad. No nos oponemos a pagar el permiso. Buscamos que el Gobierno nos dé las herramientas para actuar de una manera adecuada”, señaló Carlos Ismael Blas Sánchez.
Reconocieron que agentes del Instituto de Movilidad los detienen por no contar con permisos.
En el operativo del jueves detuvieron a 15 y dijeron que se sienten hostigados y perseguidos por las autoridades.
“Todo nos tiene confundidos a los socios-operadores de Uber. Nosotros sólo queremos trabajar honestamente. Debe de haber una conferencia, primero que nos den una oportunidad de regularizarnos y si no cumplimos que nos quiten los carros. ¿Por qué no nos apoya el Gobierno?”, dijo Gabriela Chávez Alvarado, que invirtió sus ahorros para ser socia de la plataforma.
Isidro Martínez López también señaló que los conductores de Uber generan autoempleo y brindan un mejor servicio a los leoneses.
“Nuestro servicio ofrece a los usuarios la seguridad y tranquilidad con todos los identificadores necesarios, además proporciona la ubicación geo- referenciada durante todo el viaje y el pago sin necesidad de cargar efectivo o tarjeta”, señaló.
Se pronunciaron en contra de que el Gobierno apoye a las empresas monopólicas del transporte público.
“Respaldar a los grandes empresarios del transporte, que son dueños de empresas de transporte público, de taxis e incluso de ejecutivos, no sólo fomenta la práctica monopólica, sino que limita la competencia, la oportunidad a los usuarios de tener mejores servicios, menosprecia los derechos de los ciudadanos, anteponiendo acuerdos económicos y políticos”, señalaron los socios en un comunicado que distribuyeron durante la reunión.
Demandan detener persecución a Uber
Socios reclaman su derecho a prestar un servicio producto del acuerdo entre particulares; dicen no han tenido oportunidad de conseguir permisos