Esconden mugre en el IFE

El Contralor del IFE, Gregorio Guerrero, explotó ayer contra los consejeros electorales del órgano electoral.
El funcionario los acusó de esconder la mugre bajo el tapete y permitir la impunidad, al no sancionar las irregularidades halladas en la compra de un edificio en Acoxpa.
Previamente en sesión del Consejo general, el IFE rechazó por unanimidad sancionar a Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de Administración del organismo, a quien la contraloría encontró responsable de un daño patrimonial por 124 millones de pesos, al comprar el edificio en cuestión a un precio inflado.
De acuerdo con el expediente, el inmueble fue adquirido, a propuesta de Santos Madrigal, en 262 millones de pesos con base en un avalúo realizado por Banobras en noviembre de 2009, pese a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fijó el valor del inmueble en 118 millones de pesos en diciembre de 2008 y en 125 millones en julio de 2009.
Durante la sesión de ayer, los consejeros argumentaron que no existían pruebas determinantes para señalar que el funcionario se puso de acuerdo con Banobras para ocasionar un daño patrimonial al IFE.
“Está acreditado que la adquisición del inmueble se apegó a los procedimientos administrativos aplicables y vigentes en su momento”, sostuvo el consejero presidente, Leonardo Valdés.
Luego de conocerse la resolución, el contralor arremetió en entrevista contra los consejeros.
“Nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del debate. Algunos consejeros que habitualmente hacen encendidas defensas en sus columnas y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción hoy se han ocultado. Han empañado su nombre y empeñado su inteligencia dejando como su principal contribución al IFE una buena dosis de impunidad.
“No sólo lamento la decisión sino que debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de vergüenza. Estoy seguro que si se tratara de su dinero, y no del dinero público, sí hubieran identificado la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones de pesos o (uno de) 262 millones”, reclamó.
El contralor advirtió que llevará el caso ante la Cámara de Diputados para pedir cambios en el modelo de aplicación de sanciones, con el fin de que no sea el Consejo General la última instancia para sancionar a los funcionarios, ya que actualmente son juez y parte.