Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó sancionar a Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de Administración del organismo, por diversas irregularidades en la compra del inmueble de Acoxpa a finales de 2009.
Los consejeros electorales argumentaron que no existen pruebas determinantes para señalar que el funcionario se haya coludido con Banobras para elevar el valor del inmueble y ocasionar una afectación económica al Instituto.
Y es que la Contraloría Interna del IFE sí encontró responsable de daño patrimonial por 124 millones de pesos a Santos Madrigal por la adquisición del edificio y su titular, Gregorio Guerrero, había propuesto a los consejeros electorales inhabilitar al funcionario por cinco años y aplicarle una sanción equivalente al daño causado.
Lo anterior, con base en un avalúo hecho por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que había fijado el valor del inmueble en 118 millones de pesos en diciembre de 2008 y de 125 millones en julio de 2009, pero que finalmente fue adquirido en 262 millones, con otro avalúo realizado por Banobras en noviembre de 2009.
Sin embargo, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, al defender la compra afirmó que el avalúo del Indaabin, al que la Contraloría General le da pleno valor probatorio, fue conocido a petición de la propia Contraloría hasta octubre de 2011, es decir, casi 23 meses después de la adquisición.
Al rechazar el daño patrimonial, el Consejero Presidente presentó como prueba un nuevo avalúo realizado el pasado 15 de marzo y en el que el valor comercial del inmueble ahora asciende ya a 306 millones 263 mil pesos, con lo que, argumentó, se descarta dicho daño a la institución.
“Está acreditado que la adquisición del inmueble se apegó a los procedimientos administrativos aplicables y vigentes en su momento; que consideró los avalúos entregados hasta ese momento y que la operación se logró por un monto inferior al estimado en dichos avalúos”, sostuvo.
Valdés Zurita reiteró que el IFE no tolerará ningún acto de corrupción y que todas las resoluciones las seguirá basando en el principio de certeza al que está obligado.
Sin sustento
El consejero Benito Nacif destacó que no existe sustento que permita aseverar que la cancelación del segundo de los avalúos, se encontraba encaminada a incrementar el valor del inmueble que se pretendía adquirir.
En tanto, el consejero Francisco Guerrero refirió que no está acreditada la acción que se le imputa al servidor público, que es haber conocido un avalúo que arrojaba un costo menor al que arrojó el avalúo que sirve de base para comprar el edificio.
Ajustarán proceso de sanción
La Contraloría Interna del IFE busca modificar el procedimiento para que no sea el Consejo General del Instituto la última instancia que juzgue una resolución del órgano fiscalizador.
Y es que considera que los consejeros pudieran tener cuotas de funcionarios, que ellos mismos han puesto, lo que pondría en riesgo la votación, por lo que se tiene que revisar el esquema para implementar sanciones.
“Tenemos un documento que presentaremos a la Cámara de Diputados porque creemos que ellos no deben de juzgar en última instancia una resolución de la Contraloría, son los funcionarios y en algunos casos ellos los han traído”, dijo el contralor.