El Inai ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer los nombres de los 50 ayuntamientos con el mayor número de homicidios dolosos en el país, considerados en la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios.
También deberá informar de las acciones previstas para reducir ese tipo de delito y tendrá que difundir qué autoridades participantes en la estrategia. Sobre Jalisco tendrá que reportar las actas derivadas de las reuniones realizadas entre autoridades, así como el número de bases de Operaciones Mixtas involucradas y desglosadas por ayuntamiento.
Un ciudadano, vía transparencia, solicitó el nombre de los 50 municipios contemplados en la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios, el diagnóstico de cada uno, las autoridades involucradas y las acciones realizadas por la secretaría.
En respuesta, el sujeto obligado indicó que no localizó ningún documento referente a los primeros puntos, porque sólo coadyuva con las autoridades civiles participantes a petición expresa. Sugirió dirigirse a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Respecto al número de efectivos desplegados en Jalisco, la Sedena manifestó que el dato está reservado por cinco años, porque su difusión vulneraría las acciones realizadas en contra de la delincuencia organizada, proporcionando la resolución en la que se confirma la clasificación invocada.
Inconforme, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el Inai, mientras que, en vía de alegatos, la dependencia reiteró su respuesta inicial. Al exponer el caso, la comisionada Areli Cano señaló que el registro de homicidios dolosos se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, porque, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2006 se reportaron más de 11 mil casos, mientras que a finales de 2016 la cantidad se duplicó, llegando casi a los 21 mil reportes. Precisó que en los últimos 15 años, la cifra superó las 251 mil defunciones.
Recordó que el Ejecutivo federal instruyó al Gabinete de Seguridad, en el cual participan las Fuerzas Armadas, para que en coordinación con las autoridades locales pusieran en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran 42% de registros del delito.
Bajo este contexto, al analizar la declaración de inexistencia invocada por la Sedena, se determinó que pese a seguir el procedimiento de búsqueda previsto en la ley, al turnar la solicitud al Estado Mayor, otras unidades administrativas podrían contar con lo peticionado.
Además, el criterio utilizado no brinda certidumbre, puesto que la dependencia justificó la inexistencia en una cuestión de incompetencia, cuando ambas figuras son de naturaleza diversa.
Esta última, explicó Cano, supone la carencia de atribuciones para conocer la solicitud, mientras que la inexistencia supone que se cuenta con ellas, pero la información no se encuentra en los archivos.
En cuanto al número de efectivos de cada Base de Operaciones Mixtas, se analizó la clasificación; se constató que los militares actúan en las demarcaciones en que se dividen las entidades de la República, es decir, su ámbito de despliegue se ve reducido a una porción territorial y a un objetivo.
Se determinó que la difusión del número de efectivos involucrados en la implementación de la estrategia podría ser de utilidad de los probables delincuentes, permitiéndoles anticiparse y limitar la efectividad de la actuación de las autoridades, motivo por el cual resulta procedente la causal de reserva invocada.
“Nuestro país vive condiciones complejas en materia de seguridad. Ello requiere de respuestas institucionales inmediatas y contundentes, pero también reclama la mayor transparencia sobre las acciones implementadas a fin de que la sociedad esté en condiciones de conocer los elementos básicos para realizar un ejercicio de seguimiento y posteriormente de exigencia de rendición de cuentas”, enfatizó la comisionada.
El Inai modificó la respuesta de la Sedena para que, en relación con la estrategia de implementación del gobierno federal para reducir la incidencia de homicidios dolosos en los 50 municipios del país que se encuentren con mayor índice delictivo, realice una búsqueda exhaustiva, respecto de aquella información que declaró inexistente y, en caso de localizarla, la proporcione.