Dos empresas que fueron descalificadas de una licitación por el ISSSTE en 2015 ventilaron una serie de irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de más de 600 millones de pesos.
El convenio era para realizar tareas de limpieza en oficinas del Instituto.
En acusaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –litigios que siguen en curso–, Fejastec y Ficot revelaron que el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015 fue amañado por personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de las Secretarías del Trabajo y la Función Pública.
Además, señalaron a Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, hijo de Manuel Reyes López, dirigente de una asociación sindical que pertenece a la sección 15 de la CTM, liderada por el priista Carlos Aceves del Olmo, como vinculado a empresas que acaparan los servicios de limpieza en los Gobiernos federal, de la CDMX y en la Cámara de Diputados, entre otras instituciones y entidades.
La denuncia establece que el ISSSTE acusó a Fejastec y Ficot de presentar documentos falsos para sacarlas de la licitación y favorecer a la empresa Imagen de Inmuebles, en participación conjunta con P&C Limpieza.
Esta firma, según la acusación, había concluido en el último lugar del concurso, no cumplía con los requisitos de la convocatoria y carecía de experiencia en limpieza hospitalaria.
“Pese a haber demostrado que los oficios de cumplimiento habían sido elaborados y entregados por el personal de la subdelegación del Trabajo y no falsificados por las empresas como se presumía; y obtenido amparos contra los oficios de no cumplimiento, la asignación del contrato fue para las empresas Imagen de Inmuebles en participación con P&C Limpieza, ofertando 154 millones por arriba de la oferta más baja que fue de 516 millones”, señalan las empresas afectadas en el expediente.
El escándalo llegó al Congreso de la Unión, en donde la Comisión Permanente exhortó al director del ISSSTE, José Reyes Baeza, a que rindiera un informe de la licitación LA-019GYN005-2015, actualmente en vigor.