Dice el dicho: “Mal comienza la semana para el que lo ahorcan en lunes”. Bien podría aplicarse esto al recién confeccionado Sistema Nacional en Contra de la Corrupción. En efecto, el Comité Coordinador de ese organismo se negó a pedir informes al ejecutivo federal en relación al asunto del programa de espionaje Pegasus, que según las noticias publicadas en un periódico extranjero y reproducidas en los nacionales, así como en otros medios de comunicación, fue adquirido por el gobierno mexicano para espiar a activistas políticos, de derechos humanos, organismos también de derechos humanos y algunos periodistas. Esta negativa se produjo cuando la presidenta de ese comité sometió a la consideración de éste que se realizara esa petición. Cuatro miembros de tal cuerpo votaron en contra de la proposición de la presidenta y sólo hubo un voto a favor, por supuesto el de ella misma. El argumento fue que el espionaje no está dentro del tipo de delitos que puede investigar el comité anticorrupción y por tanto no era pertinente solicitar la información, no obstante la presencia del argumento de la presidencia en el sentido de que podría darse una malversación de fondos por utilizar ese programa de espionaje para un propósito no autorizado violatorio de los derechos humanos; ello porque el gobierno admitió que sí se había adquirido esa herramienta tecnológica para combate al crimen organizado. Argumento, me parece digno de atenderse.
México y sus instituciones tienen la necesidad de que los habitantes de nuestro país retomen la confianza que se ha ido perdiendo en éstas y en los gobernantes. No es nuevo el que gran parte de los ciudadanos desconfía de sus gobernantes hasta el grado de que se llega a la exageración de decir que en cosas que no están muy claras habrá que desconfiar siempre de lo que dice el gobierno. Abundando lo anterior, tampoco en nuestro país, desgraciadamente, las instituciones de carácter independiente que se han venido formando para vigilar la actuación del gobierno en sus tres niveles en cuanto a la corrupción del ejercicio de sus atribuciones, sobre todo en el ámbito económico, pero también en cuanto al respeto de los derechos humanos, no han alcanzado el nivel de confianza que nuestra incipiente democracia exige. De esta suerte, si el mencionado Comité de Coordinación que en un asunto de tanta repercusión en lo nacional e internacional se niega a pedir informes al ejecutivo federal sobre el tema de ese espionaje, que sirviera para examinar si es factible su intervención por existir un acto de corrupción, tal negativa no puede menos que despertar recelo, sobre todo porque ese cuerpo se integra por otros órganos vinculados o impulsados por el gobierno, aunque funcionalmente independientes; pero sobre todo en consideración a que la titular de la Secretaría de la Función Pública, que ahora forma parte de tal comité, estaba como Procuradora General de la República cuando el llamado programa espía había sido recientemente adquirido y estuvo bajo su control durante parte del tiempo que aquella permaneció en ese cargo. Realmente no creo que en nada hubiera perjudicado al titular del ejecutivo federal el que se le hubiera solicitado el informe pretendido dado a que el propio Peña Nieto había ordenado ya la investigación pertinente a los órganos correspondientes. A mi juicio se dejó pasar una oportunidad para demostrar que el Sistema Nacional de Anticorrupción sí puede funcionar con independencia. Aquí podría aplicarse el contenido del dicho que se menciona al principio, y también aquello de que en ciertas ocasiones las cosas buenas no sólo deben serlo, sino también parecerlo.
Vale destacar asimismo que, no obstante, la importancia del asunto y de que se ordenó la investigación para encontrar a los responsables, inmediatamente no hubo ceses o suspensión de funcionarios de ningún nivel ni siquiera de alguno de aquellos que presuntamente pudieran estar involucrados en razón de su cargo. Situación diversa con el reciente y lamentable asunto del Paso Express en la ciudad de Cuernavaca en la semana pasada. En este caso, las duras críticas y negativos comentarios de prácticamente todos los medios y de los familiares de las víctimas en relación a los funcionarios involucrados en la construcción, sí hubo ceses, aunque no en los de primera línea, pero se dieron. Ello quizá, porque ahora sí se pudo hacer que la cuerda se reventara por lo más delgado, lo que en el caso del espionaje era difícil pues la decisión, si es que hubo espionaje, de espiar a los que se señalaron como víctimas no podía venir de segundos mandos. Hubo que sacrificar a los segundos o terceros para salvar a los primeros.