Francisco Javier Soto Pérez, subdelegado del IMSS en la región Irapuato, denunció públicamente acoso laboral y violación de derechos humanos por parte del Delegado Estatal, Sergio Santibáñez Vázquez y algunos colaboradores.
Indicó que ingresó a este cargo el 16 de mayo del 2016, y que en diciembre del mismo año tuvo un accidente que le ocasionó incapacidad, lo que desató los problemas que hoy enfrenta por parte de los servidores públicos a los que acusa.
Dijo que desde que llegó al cargo ha recibido acoso por parte del delegado y los colaboradores Mario Alberto García, titular de la Jefatura de afiliación y cobranza, Luis Montes Villagomez, titular de la Jefatura Jurídica, Natalia Karina Herrera Cabrera, jefa de departamento de Auditorías a patrones en la subdelegación, así como María Guadalupe Flores Viveros, jefa del departamento de supervisión de auditorías a patrones.
Enfatizó que la denuncia no está encaminada a la institución del IMSS, donde tiene 27 años de trayectoria, sino a los servidores públicos quienes en 3 ocasiones han interrumpido su capacidad por investigaciones laborales, las cuales aseguró que no tienen sustento y no procedieron.
Soto Pérez destacó que después de varias situaciones de abuso de poder, se le informó que había de baja como derechohabiente del IMSS, y al necesitar el tratamiento especializado, puso una denuncia para que se le garanticen los servicios de salud.
El Subdelegado indicó que a finales de la semana pasada, se enteró por terceros que en su cargo habían nombrado de encargado a Arturo García, argumentando que estaba invalidado físicamente y destacó que ya lo han molestado en su domicilio particular.
Asimismo señaló que la rescisión debió pasar por el Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados, el cual es presidido por él mismo, y hasta el momento no ha recibido ningún expediente, por lo que aseguró que las cosas se han hecho de manera arbitraria.
“No me pueden rescindir sin una investigación administrativa previa, que muestren esa investigación administrativa (…) en días pasados me dijeron que habían puesto hasta guardias (de seguridad)”, dijo.
Agregó que desde el 8 de marzo del presente año, hizo del conocimiento su caso a la Procuraduría Federal de Derechos Humanos, área que no ha investigado, y que antier interpuso un amparo por la destitución sin que le hayan avisado.