Los apuros de Márquez
Mientras Fernando Olivera busca un mago que aparezca las actas inexistentes de imaginarios acuerdos para gastarse 150 millones de pesos –de nuestros impuestos- en los pueblos mineros de la Luz y Pozos, salen las evidencias de que Diego Sinhué hace campaña con recursos de todos los guanajuatenses.
Ni modo que Miguel Márquez desconozca la doble vida de su secre particular Ricardo Narváez, quien desde hace semanas dedica más tiempo a la campaña del suspirante a Gobernador que a sus obligaciones.
Igual ocurre con otros funcionarios de su círculo más cercano quienes no disimulan que cobran en la nómina del Estado pero andan en campaña por Diego.
La investigación de am reveló que el Gobierno del Estado opera abiertamente para posicionar al titular de Desarrollo Social y Humano como el sucesor de Márquez.
Periodistas de am demostraron la convocatoria masiva de funcionarios públicos de varios municipios y de dependencias estatales, en una estrategia de “intervención” en Celaya, en la que casa por casa aplicaron encuestas para evaluar “Impulso Social”, a 15 meses que arrancó, y, de paso pues le dan otro “impulso” a promover la imagen personal del mero mero autor del programa estrella: Diego Sinhué.
La explicación oficial es que sólo se trata de encuestas casa por casa sobre el programa Impulso Social, pero el modus operandi es por demás muuy revelador de una estrategia para subir los bonos de Sinhué.
Impulso Social es un programa oficial. Se lanzó en abril de 2016 supuestamente para atender las carencias de 339 zonas de alta marginación e inseguridad.
Sin demeritar logros de Impulso en pro de familias de muy bajos recursos, vale decir que desde su creación hubo la sospecha de que sería la plataforma para lanzar a Diego en la carrera por la gubernatura. De cualquier manera se le dio el voto de confianza y el Congreso aprobó una deuda de 4 mil 240 millones de pesos, una buena parte destinada a “Impulso Social”.
Desde entonces el Secretario anunció que ya aplicaban encuestas casa por casa para tener un diagnóstico puntual de las necesidades de las personas, los hogares y las colonias o comunidades.
Pero el operativo que am desenmascaró deja dudas a todos. ¿Por qué ocupar la contratación de Pedro Silva, venezolano experto en campañas electorales?, ¿no era más fácil contratar una casa encuestadora seria y profesional para haber levantado, desde hace un año, el diagnóstico que necesitaban?
Y si son, como dicen, encuestas de evaluación a un año de Impulso Social, ¿estará enterado el Observatorio Académico (integrado por la Universidad de Guanajuato, Ibero León, IPN Silao, ITESM León, La Salle Bajío y Escuela Nacional de Estudios Superiores -UNAM León-)?, que Diego presumió como el blindaje perfecto, pues son quienes van a medir científicamente el impacto de las acciones.
Desde abril pasado el Observatorio Académico aprobó 18 indicadores para evaluar Impulso Social, pero que todavía no se aplican. El mismo Diego dijo hace algunos días que esperaban, junto con el nuevo portal que transparentará toda la inversión del programa, a que el gobernador Márquez hiciera el anuncio con bombo.
Entonces lo que andan haciendo es medir el impacto político-electoral de Impulso y de Diego, pero no la transformación de la calidad de vida donde aplicaron ya inversiones millonarias.
Funcionarios
distraídos en la grilla
Los correos electrónicos enviados de la convocatoria a Celaya referían a una reunión previa el día 25 para los “enlaces”. Pero, por los personajes que ahí observamos, es evidente que no se trata de una estructura de enlaces de Impulso Social, sino más bien de los enlaces de la estructura “dieguista”.
Para muestra dos de sus pilares desde hace rato: Rolando Alcántar Rojas, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, y el director general de Enlace Gubernamental de la misma dependencia, Víctor Manuel Rojas Morett.
Rolando curiosamente pidió vacaciones esos tres días. Y de Víctor Manuel ni sabían que andaba allá. Si de verdad hubiera una estrategia transversal para medir “Impulso Social” el primer enterado hubiera sido el jefe de ellos dos, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, quien se mostró sorprendido.
Ambos funcionarios la realidad es que tienen sus días contados en la Secretaría de Gobierno, y lo saben. Gustavo requiere funcionarios al 100% en las tareas que sí les competen a su función.
Otros como Héctor Ortiz, asistente del diputado local leonés, Juan Carlos Alcántara (alfil de Diego), había sido despedido en mayo 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social luego de un reportaje de am que demostró como empleados públicos ofrecían empleos para promover a los candidatos del PAN.
¿Qué hacía ahí el panista Pedro Damián González, director general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que depende de la Secretaría de Seguridad Pública?. Y más.
Las disputas del partido en el poder terminan por manchar un programa que es noble, como Impulso Social, cuya estrategia el mismo Diego ha insistido en la conveniencia de su continuidad. Eso no le conviene a Márquez en la recta final de su sexenio teniendo en la pobreza y la violencia sus dos mayores pendientes, ambos problemas que además están vinculados en sus causas y soluciones.
Tampoco le sirve a Sinhué cuya única carta de presentación debiera ser el reducir la pobreza, pero eso lo que consigue es polarizar a la militancia panista y favorecer el hartazgo social por los políticos y la política. Allá ellos.
El asunto obligará a la intervención de la dirigencia estatal y nacional del PAN para emparejar la cancha entre los aspirantes, pero, y más importante que eso, de la Secretaría de la Transparencia para investigar el uso de unidades oficiales y el trabajo de funcionarios públicos en una estrategia electoral y del Instituto Electoral del Estado, más aún con las nuevas reglas sobre actos anticipados de campaña.
Humberto Andrade, líder del PAN Estatal; Isabel Tinoco, secretaria de la Transparencia, y Mauricio Guzmán, presidente del IEEG, tienen tarea y sus posicionamientos no pueden esperar mucho tiempo.
Hoy todos se enlodan en la grilla y el 2018, ¿y los 2 millones 683 mil guanajuatenses en pobreza?…
Consejo Empresarial,
se busca voz crítica
El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) busca nuevo Presidente.
Entre septiembre y octubre debe darse el relevo en el liderazgo de Gustavo Guraieb Ranth y todavía nadie levanta la mano, pero no deben tardar en comenzar a platicarlo, pues no únicamente hay que encontrar un empresario de trayectoria, sino una voz de peso frente al avasallante poder público.
Las voces críticas y calificadas desde el gremio empresarial no abundan, de ahí la importancia de que el CCEL encuentre su nuevo líder, ya sea de sus propias filas de entre los dirigentes de las cámaras empresariales que agrupa, o bien un perfil externo que conozca y entienda el reto que eso representa.
Guraieb, exitoso e innovador empresario de bolsas y empaques, emergió como dirigente empresarial en la Canacintra León (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación), después desde el CCEL empujó, junto con el Observatorio Ciudadano de León y la Coparmex, la integración de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia para sentar a todos los responsables del tema en la misma mesa.
Sus posturas críticas en temas como la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Julcas) y sobre todo en el agravamiento de los índices de inseguridad y violencia, incomodan a la autoridad. O ahora que pidió la renuncia del secretario Diego Sinhué por la operación electoral desde el Gobierno.
El hueco al irse Gustavo es el de un contrapeso de permanente exigencia social frente al poder.
Para elegir nuevo Presidente votan los siete organismos fundadores del CCEL, que son: Apimex, Canacintra, Canaco, CICEG, Cicur, CMIC, Coparmex, y con voz pero sin voto AMMJE y Canadevi.
En la baraja de nombres, aunque falta ver qué dicen ellos, destaca el peso de Coparmex, quien tiene figuras como su actual dirigente, Jorge Ramírez Hernández, o los anteriores, José Alberto Castro y Juan Rodrigo Moreno, quienes también encuadran en ese perfil de contrapeso inteligente con la autoridad.
Además de ser la Coparmex quien a nivel nacional y en lo local lleva la batuta en poner lupa al tema del arranque del Sistema Anticorrupción, así que no sería raro que uno de los suyos llegue al Consejo Coordinador Empresarial de León para dar seguimiento a este tema que está en un momento crítico, pues falta todavía integrar el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar al Fiscal Anticorrupción.
En lo que toca al futuro de Guraieb Ranth seguirá participando como consejero en el Observatorio Ciudadano de León y estará enfocado al 100% en su negocio, ya dijo que no pretende incursionar en la actividad política ni aspirar a ningún cargo público ni por la vía de partidos ni como independiente.
Para el líder del CCEL, León necesita mejores políticos, pero más una sociedad que exija y participe.
Casa de Los Niños,
ni fabricar ni encubrir
En las revelaciones de la Casa de Los Niños de Salamanca hay un drama cuyo final está por escribirse.
El punto de partida de la historia es el amparo de la juez federal Karla Macías Lovera, quien el 10 de marzo del 2017 ordenara intervenir el albergue ante la presunción de abusos en contra de menores.
Esto luego de que el padre Pedro Gutiérrez Farías, quien administra desde hace 40 años, tramitara un amparo para evitar que una menor saliera del albergue, como lo promovió el DIF al conocer el caso de una una monja que le quemó en una estufa las manos a la niña de 7 años por ‘robar’ plastilina. De ese hecho se abrió una carpeta de investigación (13682/2016). La valiente Juez le negó el amparo, y fue más allá.
La primera medida fue la protección de los menores, y por eso fue que tomó el control el DIF Estatal.
Pero ante todo en la resolución del Juicio de Amparo se instruye a la Procuraduría a que “debe investigar los hechos de manera pronta, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional”, y le pide al Fiscal “tomar en consideración al director de la asociación civil”.
También les solicita investigar el probable registro irregular de 134 niños como hijos del sacerdote.
Y además urge a investigar posible desviación de fondos de los encargados e “investigar si los recursos que ha recibido de programas de asistencia social efectivamente han sido utilizados en los centros”.
Y la Juez es contundente al ordenar que “el agente del Ministerio Público responsable deberá publicar en la página inicial de internet de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, la investigación que realiza y las pruebas que obra en la carpeta de investigación. Además, semanalmente debe actualizar la información con los avances de la investigación, pues no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trata violaciones graves de derechos fundamentales”.
Karla Macías ha cobrado notoriedad por otras sentencias en las que va a fondo de los casos. Así lo hizo en 2011 cuando estaba en Veracruz y liberó un indígena injustamente detenido acusado de transportar droga con la única prueba de un detector molecular, que demostró no tenía validez. Y el año pasado ordenó abrir las instalaciones de la Sedena para buscar una persona desaparecida en Pénjamo.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) no dejará de insistir en que lo atraiga la Procuraduría General de la República (PGR) y llevó al caso ante organismos incluso internacionales.
El gobernador Márquez salió a declarar “ni vamos a fabricar culpables ni tampoco a solapar”.
El subprocurador de Investigación Especializada de la PGJE, Manuel Ángel Hernández, salió a informar en la semana que se han abierto siete carpetas de investigación de presuntos casos de abusos a niños donde se presumen hechos delictivos, aunque ninguna directa contra el sacerdote responsable.
En tanto que el padre Pedro respondió a las acusaciones con una demanda por difamación.