El intento por comprar un equipo en la ahora extinta Primera División A en el 2008 fue la primera pieza que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos encontró para indagar el nexo entre Rafael Márquez y Raúl Flores Hernández.
En el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas del Club Deportivo Morumbí A.C., celebrada el 24 de junio de ese año, quedó registrada la integración del futbolista a la asociación, a invitación de Flores Hernández.
En esa asamblea extraordinaria, el actualmente detenido fue nombrado presidente de directores del club, sólo para integrar a Márquez y Miguel Zepeda, y proponer la adquisición de un certificado para afiliar equipos a la Primera A.
“El todavía presidente en funciones (Flores Hernández) manifestó a los presentes que ha invitado a la presente asamblea a los señores Rafael Márquez Álvarez y Miguel Ángel Zepeda Espinoza, toda vez que con anterioridad y en repetidas ocasiones ambos le habían manifestado su deseo de pertenecer a la asociación”, se lee en el documento, del cual CANCHA tiene una copia.
En el acta se indica que ambos futbolistas debían aportar 3 millones de pesos en 10 días, para formalizar su integración a la asociación, Márquez como secretario y Zepeda como tesorero.
Tras esta acción, Flores Hernández renunció a la asociación y su presidencia, y asignó a su hijo, Raúl Flores Castro, en su lugar, quien aportó un capital de 6 millones 500 mil pesos.
“(Flores Hernández) desea renunciar al cargo de presidente que tan amablemente le encomendaron todos estos años y agradece a los presentes la distinción y el honor que tuvo al ostentar dicho cargo”, quedó consignado en esa acta.
De esta manera, Flores Hernández queda desligado de las acciones posteriores que tomaría el club, entre ellas la venta de un terreno por un valor también de 6 millones 500 mil pesos, que serían usados para la compra de la afiliación a la división de ascenso.
No se hizo
En la Asamblea de ese año de la Primera A, el entonces presidente de la rama Enrique Bonilla avisó a los demás equipos que el grupo de Márquez, Zepeda y Flores entraría con un equipo en Tepic, de acuerdo con un directivo que estuvo presente y pidió el anonimato.
Sin embargo, el enviado de Coras llegó hora y media tarde a la reunión y además no llevaba completo el cuaderno de cargos que se deben cumplir para tener una franquicia en esta división.
“No recuerdo el nombre, pero decían que se trataba de un yerno (de Flores Hernández), y traía sólo como el 20 por ciento de los requisitos, fue por eso que no lo dejaron inscribir el equipo”, recuerda la fuente.
Viviría Márquez un suplicio financiero
Un infierno legal enfrentará Rafael Márquez para salir de la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con Douglas McNabb, abogado especializado en combatir sanciones de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) tardaría meses y hasta más de un año limpiar su nombre debido a la burocracia excesiva.
“En términos simples es una pena de muerte económica, prácticamente de por vida”, expresó el litigante que ha llevado decenas de casos.
“No hay un archivo formal que se pueda consultar, el Gobierno no está obligado a advertir a la persona, brindar un informe de las razones por las que se le incluyó o formular cargos criminales, es verdaderamente desafiante y lleno de obstáculos. No es un procedimiento de tribunales, sino administrativo y no del todo porque ellos ponen las reglas”, expuso McNabb.
El defensor señaló que no existe un proceso de entrevista o interrogatorio con el “fichado” y todo el caso se realiza por medio de oficios y exclusivamente en Washington DC.
Por ejemplo, el representante legal debe nombrarse por medio de una carta y esperar alrededor de dos meses para ser aprobado por la OFAC, pues en este caso el futbolista no puede pagarle de su bolsillo —al estar fichado— y debe probar de dónde provienen los recursos.
Las autoridades también mandan un cuestionario tras otro que deben ser contestados por escrito y tardan también meses en encausarlos; tampoco se contemplan testigos o toman mucho en cuenta pruebas financieras del señalado.
En su experiencia tampoco pueden recurrir por la vía civil o demandar por perjuicios, ya que los casos son desechados en la corte al no tratarse de un ciudadano americano.
McNabb consideró que en la mayoría de los casos la medida es injusta y se utiliza a discreción.
“No toma mucho ser colocado en la lista de personas non gratas, una simple sospecha y hasta un rumor, alguien le contó a alguien que sabe que está involucrado en lavado de dinero basta; pero sí toma bastante librarse de ella y algo que le he recomendado a mis clientes, paciencia sobre todo, puede tomar mucho tiempo”, expresó McNabb.
Juego cargado
– No puede entrar a EU.
– Necesita un tercero “limpio” que financie los costos legales.
– Ningún banco puede hacer un movimiento a su nombre.
– Toda la defensa es por escrito.
– Las respuestas de la OFAC a los oficios demoran hasta uno o dos meses.
– No hay un expediente en concreto del señalado; sólo de la investigación y no se tiene acceso a él.
– Ningún juzgado intercedería por él, pues no es estadounidense.