A partir del lunes los jueces del País contarán con criterios específicos para atender los casos que involucren a migrantes con apego a sus derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará mañana el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Migrantes que busca sensibilizar e instruir a servidores públicos acerca de la normatividad nacional e internacional en materia de protección a ese sector.
“El presente Protocolo proporciona las reglas de actuación para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los principios y los principales instrumentos jurídicos que les aseguran la mayor protección posible”, indica el documento.
Establece entre sus principios no discriminación, no devolución de solicitantes de refugio o asilo, interés superior de niños o adolescentes, unidad familiar y no revictimización.
“Se debe adoptar las medidas necesarias para evitar el retraso en las resoluciones judiciales y administrativas que signifiquen un obstáculo para el acceso a otros derechos humanos, especialmente para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, indica la primera regla general de actuación.
El documento incluye 25 reglas, entre las que se encuentra la excepcionalidad de la detención.
“La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger”, señala.
Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, organización civil encargada de la elaboración del Protocolo, subrayó la importancia de garantizar el acceso a la justicia para los migrantes víctimas de secuestro, extorsión, trata de personas o cualquier otro delito.
La falta de recursos económicos y de documentos que acrediten su legal estancia en el país, e incluso el idioma y las diferencias culturales, advirtió, se convierten en barreras al momento de solicitar auxilio en las instituciones.
“La población que transita de manera indocumentada en nuestro país lo que menos busca es hacerse visible y hacer una denuncia porque la pone en riesgo de ser detenido por su situación irregular y ver frustrada su aspiración de llegar a las naciones de destino”, apuntó en entrevista
Para definir el contenido del protocolo, explicó, se realizó un diagnóstico previo que exhibe las 12 prácticas más recurrentes que sortean los migrantes para acceder a la justicia, entre ellas el uso perjudicial de eufemismos para tratar el tema de la privación de la libertad, el rechazo y la falta de distinción entre los términos expulsión y deportación.
Además la ausencia de protección a personas en situación de vulnerabilidad, la presunción de culpabilidad, la discriminación, la detención como regla de personas solicitantes de asilo y la inexistencia de un recurso efectivo en contra de resoluciones negativas.
“Hay un desconocimiento de la problemática y las condiciones de esa población por parte de los impartidores de justicia, principalmente de los jueces. A eso se suma que hay una serie de trámites burocráticos que pueden traducirse en requisitos adicionales”, señaló.
En la misma celda que sus captores
Fernando fue secuestrado y torturado por el crimen organizado. Escapó de sus captores y ayudó en el rescate de otras víctimas. Después de todo ello, las autoridades lo trataron como criminal, lo dejaron en desprotección e incluso le negaron el asilo.
El joven de 24 años de edad es un migrante salvadoreño que salió de su país el pasado 7 de mayo para internarse en territorio mexicano buscando llegar a EU.
Caminó tres días para llegar a Arriaga, Chiapas, donde al igual que otros centroamericanos trepó al ferrocarril.
La rapidez con que avanzaba el tren le impidió en Salamanca, Guanajuato, saltar a un lado de las vías para buscar un lugar donde descansar, así que continuó el trayecto.
Fue hasta Irapuato que él y tres compañeros pudieron descender y buscaron cobijo a la intemperie.
Cuando se disponían a pernoctar fueron sorprendidos por hombres armados que los obligaron a caminar hacia una casa de seguridad, pero el grupo fue descubierto por policías y todos trataron de ponerse a salvo.
Fernando, a diferencia de sus acompañantes, no pudo escapar.
En el interior de una casa de dos niveles donde había otros plagiados, fue sometido a diversas torturas por el jefe criminal, un hondureño.
Soportó golpes, quemaduras y heridas con navaja durante más de cinco horas.
Su agresor y sus cómplices obtuvieron los teléfonos de su familia para exigir su libertad a cambio de un rescate de 5 mil dólares.
“Yo estaba resignado a morir, ya no tenía salvación, pero al siguiente día aproveché que estaban dormidos, me desaté y subí al piso de arriba; vi que la ventana estaba libre y sin pensarlo mucho me salté y salí corriendo”, narró.
El joven se encontró con un policía, pidió auxilio y su testimonio permitió que se organizara un operativo de rescate. El resultado fue la detención de siete personas y la liberación de una decena de víctimas, entre ellas mujeres y niños.
Fernando pensó que recibiría ayuda. No obstante, lo trasladaron a la delegación estatal de la PGR y tras cuestionarlo repetidamente lo encerraron al igual que el resto de los agraviados y criminales.
“En la noche nos tocó dormir en una celda como si nosotros estuviéramos presos, en un espacio pequeñito y junto a un hoyito donde se supone estaba la taza de baño, olía muy feo, a la par estaban los secuestradores, todos allí, dos noches”.
La dependencia dio aviso al Instituto Nacional de Migración, que trasladó al salvadoreño a la estación migratoria de San Miguel Allende.