El Gobierno estadounidense tendrá que operar bajo servicios mínimos hasta que el Capitolio alcance un acuerdo sobre el presupuesto federal.
Además de clausurar cientos de edificios y suspender una variedad de prestaciones, cerca de 800 mil funcionarios quedarán temporalmente sin trabajo y muchos otros deberán acudir sin percibir su salario.
El Estado sólo mantendrá las estructuras que se financian de manera autónoma o paralela, como el Servicio Postal o las actividades consulares.
Se respetarán aquellas que son consideradas esenciales para la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad y que, por ello, cuentan con una reserva de fondos para implementar sus planes de contingencia.
Esto último incluye, por ejemplo, buena parte del personal de las agencias de seguridad como la CIA o la DEA, las Embajadas, las prisiones, el tráfico aéreo, el Ejército, los propios congresistas y tres cuartas partes del personal de la Casa Blanca.
También quedan asegurados servicios y seguros sociales básicos como los trenes, el control aéreo, las pensiones de los veteranos de guerra y los programas sanitarios para pobres (los llamados Medicare y Medicaid).
Pero se excluye, por ejemplo, la actividad de centros de investigación como la NASA, la práctica totalidad de Departamentos como el de Agricultura o Medio Ambiente, museos, oficinas de tramitación burocrática y monumentos públicos.
Cada departamento y ente público tiene asignado un número de personal considerado esencial y otro porcentaje que no lo es.
Los funcionarios que no sean considerados esenciales tendrán prohibido acudir a su puesto de trabajo.
La ciudad más afectada es la capital, ya que es la única que depende íntegramente del presupuesto federal y en la que un porcentaje importante de la población trabaja para el Gobierno. Se calcula que la economía de la capital perderá unos 200 millones de dólares al día.
Todo esto, sin embargo, es diminuto comparado a lo que podría afrontar el país para el 17 de octubre si el Congreso no aprueba elevar el techo de la deuda.
El Congreso y el presidente Barack Obama tendrán que pactar los términos para elevar el techo de la deuda federal, de modo que el Departamento del Tesoro puede seguir pidiendo dinero prestado para cumplir con todas las obligaciones del Gobierno, entre ellas el pago de intereses sobre la deuda ya emitida.
La deuda de Estados Unidos ronda ya los 17 billones de dólares, lo que supone más de 50 mil dólares por ciudadano.
Esta operación en mínimos del Gobierno se debe en buena medida a los republicanos alineados al ultraconservador Tea Party, quienes bloquearon las negociaciones sobre el presupuesto por estar en contra de la reforma sanitaria, llamada “Obamacare”.
Proyectos sobre el presupuesto pasaron de la Cámara baja al Senado en las últimas semanas.
La Cámara baja, dominada por los republicanos, pedía la suspensión de la reforma sanitaria por un año, o varias modificaciones.
Ayer, el Senado, dominado por los demócratas, votó en contra de dicha propuesta, acabando con la última opción de acuerdo pues a las 00:00 horas concluyó el años fiscal 2013.
El último cierre del Gobierno federal de Estados Unidos se produjo en 1995, durante el Gobierno del también demócrata Bill Clinton, y duró 28 días.
Medios estadounidenses pronosticaban ayer que este nuevo “apagón” durará entre tres días y varias semanas, según la presión popular y las negociaciones.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *