Para cuando este artículo se publique, la consulta popular (o al pueblo) así llamada por Andrés Manuel López Obrador se habrá ya efectuado. Para entonces casi seguro que ya se habrá publicado el resultado de esta, pues se ha dicho por los organizadores, quienquiera que ellos sean, que podrían tener los cómputos finales el mismo domingo en la noche. De esta suerte, más allá de lo que resulte en cuanto si la opinión en favor de Texcoco supera a la que sostienen los morenistas, esto es que el nuevo aeropuerto deberá ubicarse en los terrenos de la base militar de Santa Lucía; lo que para mí es verdaderamente revelador es la astucia y, por qué no decirlo con todas sus letras, la mala fe del presidente electo y por supuesto de su equipo. Digo esto último, porque con la introducción de esa supuesta consulta, cuyo sustento ha sido que se trata de un ejercicio democrático en donde el pueblo habría de decidir, se envolvió a los analistas en materia política, a las organizaciones empresariales, a alguno que otro jurista y en fin a casi todos los partidarios del nuevo aeropuerto en terrenos de Texcoco, en la discusión de si esa consulta es ilegal o no y si en verdad estamos en presencia de una forma de democracia participativa, pero sin decir claramente lo que está detrás de tal consulta que es el engaño y la mala fe.
Tal como se planteó y se realizó la consulta, es claro que la vaguedad con que se hizo permite concretar que en efecto no se le puede tildar de ilegal. Ello porque nunca se pretendió que fuese el tipo de consulta que en la Constitución y la ley aplicable establecen y que conforme a las disposiciones de estos dos cuerpos de ley sólo pueden hacerse para determinados casos, solicitarse además por quienes ahí se mencionan, organizadas y vigiladas su desarrollo por la autoridad electoral pertinente. Ciertamente el convocante mencionó una consulta popular, pero hasta ahí. Ahora, bien, las leyes no impiden, a mi juicio, que un particular pueda realizar una consulta para conocer la opinión de algunas personas en relación con un determinado tema. El presidente electo, como un particular cualquiera, entonces, pudo llamar a las personas que quisieran acudir, para expresar su opinión en relación con el tema del aeropuerto. Eso, reitero, no es ilegal, porque no viola ninguna ley, pues incluso no se cita como fundamento norma legal, sólo menciona el que el pueblo es sabio, y por tanto es el que debe decidir. En lo que yo diría que hay que poner énfasis es en que la forma como planteó y desarrolló la consulta es engañosa para el pueblo en general y en que, de manera alguna puede calificarse como un ejercicio democrático o de una verdadera democracia participativa
Ello es así, porque la consulta fue realizada a título particular, aunque con fines políticos y no obstante que se trata del presidente electo, pero sin verdadera información para los votantes, sin establecer con precisión y claridad cuál sería el desarrollo de la misma, las preguntas claras y precisas a responder sin la ambigüedad con que fueron hechas, además no se llamó a personas imparciales que recibieran los votos, los contaran y proporcionaran los resultados; la consecuencia es que eso no fue una forma democrática de participación del pueblo en la decisión. En las formas de democracia participativa reales y auténticas es absolutamente indispensable normas que den claridad, cuando menos, una de las condiciones esenciales de toda democracia, la información real auténtica y comprensible para todo el pueblo, si esto no se da, como en el caso que se comenta no se dio, es evidente la falsedad de llamar a eso que el domingo pasado se hizo una consulta democrática. Es más bien un engaño a quienes creen y apoyan al presidente electo, porque además el número de votantes es evidentemente insuficiente para que se pueda considerar que en realidad el pueblo participó. Claramente es una minoría a la cual no se le puede dar el calificativo de pueblo como una universalidad de una región o país. Por otra parte tomar una decisión sirviéndose de esa consulta como fundamento, resulta también ser un engaño, pues claramente el promotor, que supuestamente estaría vinculado a ella había preparado el camino para salir políticamente beneficiado o cuando menos no perjudicado, pues el pueblo sabio ha sido convocado y escuchado, ganado o perdido la democracia se salvaría, así como su prestigio.
Cambio de tema. -Comentario rapidísimo sobre la amenaza a la independencia del Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados. El vocero del presidente electo en la Cámara de Senadores Ricardo Monreal, ante la circunstancia de que existe un artículo constitucional que indica que a los integrantes del poder judicial federal no se les podrán disminuir sus emolumentos durante el periodo de su encargo, ya está gestando reformas constitucionales para poder hacerlo y de esta manera socavar su independencia, que en estos momentos es más importante que nunca, pues ante el sometimiento de los diputados y senadores morenistas, no queda sino el valladar judicial contra de posibles excesos de autoridad de los otros dos poderes. Los jueces y magistrados federales ya están reaccionando y planeando su defensa. No sabemos si los poderes judiciales locales harán causa común. El tiempo lo dirá.